Doble Fondo

Tortura, ¿política de Estado, usos y costumbres?

Este domingo, mi compañera reportera Silvia Arellano publicó una nota (“En PGR, más de 4 mil casos de tortura ligados a funcionarios”) en la que nos dio a conocer algunas de las respuestas que Enrique Peña Nieto envió a senadores, como parte del cuarto Informe de gobierno. El grupo parlamentario del PRD le había preguntado al Presidente cuántos servidores públicos han sido sancionados penalmente de septiembre de 2015 a la fecha por torturar a un detenido.

También en forma escrita, Peña Nieto no habló de sancionados, pero detalló que, a partir de la creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura (octubre de 2015) y hasta el 14 de noviembre de 2016, se registraron… 4 mil 713 expedientes de averiguaciones previas provenientes de las 32 delegaciones estatales de la PGR, de las oficinas centrales de la Procuraduría, de vistas de órganos jurisdiccionales o ministeriales, y de denuncias ciudadanas.

Siempre he querido pensar que los casos de tortura que involucran a policías municipales, estatales, federales; a soldados, marinos y agentes ministeriales son producto de aberraciones individuales por la pésima preparación con que cuentan quienes cometen esos actos.

Ha habido casos muy documentados de colusión entre policías municipales y criminales, como en Guerrero (Iguala, Cocula, Huitzuco) o en Michoacán (todos los municipios de Tierra Caliente sometidos a los cárteles hasta 2013, cuando se levantaron en armas las autodefensas); algo similar ha sucedido en distintos momentos con policías estatales en varias entidades (Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, bajo la virulenta ley de plata o plomo impuesta por el narco), pero aun así me he negado a creer que se trate de lineamientos de gobernantes dictados a sus subordinados.

En no pocas ocasiones, los abogangsters de los criminales recomiendan a sus defendidos que imputen delitos a sus captores, para que así eviten ser sentenciados, o para que sus casos sean repuestos. Muchas veces lo logran, pero no siempre les funciona, ya que, como informa mi compañero Rubén Mosso en esta edición, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio este año que ha permitido que los juicios a nivel federal continúen su curso pese a que los sospechosos denuncien que fueron víctimas de tortura: cuando no haya confesión del servidor imputado, y del examen de las circunstancias se llegue a la convicción de la inexistencia de otras pruebas que deriven directamente de la alegada tortura, no procede ordenar la reposición del procedimiento.

Pero la cifra de 4 mil 713 averiguaciones por casos de tortura en 13 meses me ha hecho repensar las cosas. Es una barbaridad: un promedio de 362 expedientes por mes en todo el país… 12 por día. ¿Es un asunto de usos y costumbres, de un flagelo cultural que no se ha podido erradicar? ¿Es una política de Estado, de gobernantes en todos los niveles de gobierno? Como sea, es muy preocupante…

jpbecerracostam@prodigy.net.mx
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