En dos sexenios, y lo que va del actual, 103 periodistas han sido asesinados en México. Se trata de 95 hombres y ocho mujeres. Desde el periodo de Vicente Fox y hasta el de Enrique Peña Nieto, pasando por el de Felipe Calderón, la organización Artículo 19 ha ido documentando este expediente de horror. En su página digital, actualizada al 19 de marzo, aparecen los registros de 102 casos, a los cuales hay que agregar el homicidio de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach.
Se lee al final del primer párrafo del artículo sexto de la Constitución: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Yo entiendo ese enunciado como la obligación del Estado mexicano, a través de sus tres poderes, de brindar seguridad a todos los ciudadanos, no solo a los periodistas, para que unos provean la información y otros tengan acceso a ésta.
Los gobiernos estatales son, en primer lugar, además de los municipios, los responsables de que todos estemos seguros en nuestras comunidades. Ya sabemos que suelen ser incapaces de cumplir con ese deber y que acuden reiteradamente a las tropas federales, pero eso no les exime de su responsabilidad.
Lo redacto porque, de todos esos periodistas asesinados, hay que exigir cuentas no solo al gobierno federal, sino, sobre todo, a las administraciones estatales. Siempre se lavan las manos. Y cuando digo cuentas, no me refiero a que hayan sido los gobernadores quienes mandaron a matar a los periodistas (no tengo pruebas de tal cosa), sino que es deber de sus procuradurías o fiscalías dar con los culpables. Y no lo hacen así: un reporte del portal Animal Político da cuenta de la impunidad:
“De acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), en algo más de seis años —de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016— se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas, de las cuales 47 fueron por asesinato. La Feadle informó, en respuesta a una solicitud de transparencia, que solo tiene registro de tres sentencias condenatorias: una, en el año 2012, y dos en 2016. El 99.7 por ciento de las agresiones no ha recibido sentencia. Del total de denuncias, solo en 107 casos el presunto agresor fue consignado ante un juez. Esto es, 13 por ciento de los casos. El resto, continúan impunes”.
No es que los periodistas merezcamos una mejor procuración de justicia que cualquier ciudadano, pero si eso ocurre con los reporteros, a pesar de la presión de los medios, se entiende lo que pasa con cualquier mexicano: nueve de cada diez delitos quedan impunes.
Los peores lugares para ejercer el oficio son estos: Veracruz (23 homicidios), Chihuahua (13), Tamaulipas (13), Oaxaca (12), Guerrero (10), Sinaloa (5) y Michoacán (4). Si revisamos los trabajos periodísticos de los colegas asesinados, asumo que narcos, delincuentes, pero también caciques económicos y políticos, podrían ser los autores intelectuales de los asesinatos.
Cada caso sin resolver fomenta más ejecuciones. Y ya son 103 casos, carajo…
jpbecerra.acosta@milenio.com
Twitter: @jpbecerraacosta
