Doble Fondo

Por corrupto, a punto de caer el Presidente…

El de Guatemala, no el de México. No se asuste. O no se emocione, según su perfil político. Pero vaya lección que dan las instituciones del país vecino. Le resumo el caso, por si no está enterado…

La Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, organismo descentralizado similar a la Auditoría Superior de la Federación de México, exhortó al presidente Otto Pérez Molina, imputado en un escándalo de corrupción, para que “presente de manera inmediata su renuncia al cargo para evitar mayores incidentes con consecuencias insospechables”.

La Procuraduría General de la Nación (institución constitucional dedicada a la asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales) hizo un llamamiento similar. Recomendó: “Al Señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, presentar su renuncia al cargo, con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la Nación”.

¿Cómo es posible esto? Porque desde 2006 existe en ese país una institución, creada gracias a un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno local, denominada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, dirigida por un fiscal colombiano, Iván Velásquez Gómez), la cual, junto al ministerio público guatemalteco, investigó y denunció que Pérez Molina podría ser uno de los presuntos líderes de una red de defraudación aduanal conocida como La Línea: políticos y funcionarios que a través de aduanas se quedaban con recursos pertenecientes al Estado. El escándalo ya tiene en prisión preventiva a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

El Congreso deberá votar en unos días un antejuicio, planteado por el ministerio público, la Cicig y una comisión pesquisidora legislativa, para que a Pérez Molina le sea retirada la inmunidad (el fuero, diríamos aquí) y sea investigado por corrupción. El Presidente se aferra al cargo: alega que es inocente y que hará frente al proceso desde la Presidencia.

Organizaciones gremiales, universitarias, estudiantiles, comerciales, empresariales y miles de ciudadanos salieron a las calles el jueves pasado para exigir que se vaya Pérez Molina.

En México ya vimos lo que pasó en la investigación oficial sobre los conflictos de interés del Presidente de la República y su secretario de Hacienda con una empresa —Higa—, beneficiada con contratos por los gobiernos de Enrique Peña Nieto, la cual financió a sus familias casas en Las Lomas y Malinalco: nada. No pasó nada. Ambos pidieron a los mexicanos… que los disculpen.

Para que México dé un paso definitivo en el combate serio y profundo de la corrupción que tanto corroe al país, habría que ir pensando en hacerse de un organismo similar al que presumen los guatemaltecos, como propuso en estas páginas Jorge G. Castañeda. Lo demás, salvo algunas excepciones, es mera simulación…

 

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