Crisis sin patria

Desde el primero de octubre del año pasado, 57,000 menores de edad, la gran mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, han pasado de México a Estados Unidos ilegalmente. El problema, que lleva en foro público desde 2008, se ha convertido en una crisis nacional para Estados Unidos en las últimas semanas. El presidente Obama ha pedido 3,700 millones de dólares en fondos de emergencia para lidiar con el problema, su solución principalmente consta de contratar 40 jueces migratorios más y mandar a los niños migrantes a diversos estados forzando a los gobiernos locales a lidiar con ellos. La respuesta del Partido Republicano, encabezado por el líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, responsabiliza al presidente de un problema que ha escalado sin atención durante su gobierno y además de rehusarse a prestar los fondos requeridos, sugiere aumentar las medidas de protección a la frontera. La extrema izquierda, representada por el gobernador de Maryland, Martin O’Malley, propone dar estatus de refugiados a todos los niños que crucen la frontera y la mayoría de sus contrapartes estatales están alarmados ante el problema que les significaría recibir miles de menores de edad indocumentados. El problema que presentan los menores de edad a los residentes estadunidenses es que llegan entre los 8 y 18 años de edad, sin escolaridad y con pocas probabilidades de adquirirla y menos de emplearse. En otras palabras, cientos de miles de adolescentes sin educación o empleo, con nada que perder. Lo que se ha convertido en un tabú, suele escucharse en Estados Unidos, que la mayoría se convertirán en criminales o en el mejor de los casos vividores del sistema. Para México también representa un problema, ya que, aunque no hay cifras oficiales tan recientes, no son pocos los que se quedan en el camino y aun los que pasan, si no se ejecuta la redistribución que sugiere Obama, se quedan en los estados fronterizos, en los que el crimen cae de ambos lados de la raya. Sin embargo, poco o nada se hace para detener el tráfico de centroamericanos que además del riesgo en territorio nacional, causan un impacto contra los 13 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Al final de cuentas la respuesta no está ni en la izquierda, ni la derecha, sino en ambas. Por supuesto que se tienen que lidiar con los cientos de miles de jóvenes que ya están en Estados Unidos y también algo se tiene que hacer para que dejen de entrar. Quizás en Maryland a miles de kilómetros de la frontera al gobernador O’Malley le sea fácil buscar el voto latino para 2016 apoyando la inmigración, pero en Texas y Arizona grupos civiles ya empiezan a tomar medidas para proteger la frontera que su gobierno ha descuidado. Estos grupos fácilmente caen en perfiles raciales, aún más riesgo para los mexicanos en ambos lados del Río Bravo.

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