Articulista Invitado

La “venta” del examen para la plaza de juez federal

Decir que “se llega a vender en 450 mil pesos” no tiene sentido ni es razonable, pues solo es una prueba que sirve para ingresar al concurso; quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación cumplen con los principios de la carrera.

Es una verdad sin discusión que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejó sin efecto el Concurso Interno de Oposición número 28 por la aparente fuga de información de reactivos del examen de conocimientos; este hecho sigue en investigación, por lo que no se puede (genuinamente) mencionar culpables, costos, beneficiados ni ningún otro elemento.

Sin embargo, en el periódico La Crónica del pasado 6 de marzo se publicó una entrevista con un ex juez federal, un ex juez penal y un catedrático de la UNAM, entre otras personas, que hicieron afirmaciones fuertes sin sustento en hechos o pruebas; además, según mi experiencia, no son verdaderas.

Me permito comentar rápidamente algunos de mis antecedentes, con la finalidad de que compruebes que tengo las bases para contradecir la nota relativa: ingresé al Poder Judicial de la Federación (PJF) en 1999, posteriormente fui ascendido por concurso al cargo de magistrado de Circuito (encargo que concluyó en enero de 2016). Hoy ya no pertenezco al Poder Judicial de la Federación, de modo que lo que aquí expongo carece de compromiso para con dicho poder del Estado mexicano.

Para llevar el mismo orden, me referiré a la nota siguiéndola puntualmente.

Dice que “el examen para acceder a un plaza de juez federal llega a venderse en más de 450 mil pesos, según la versión de integrantes del PJF quienes han participado en procesos de selección”.

Esta afirmación ni siquiera tiene sentido. Esos integrantes que han participado en procesos de selección ¿resultaron alguna vez vencedores? Si la respuesta es sí, ¿compraron el examen? Lo cierto es que esta es la primera vez que se sospecha de la venta de exámenes en el PJF.

De manera que no resulta razonable pagar una suma tan elevada por un examen que SOLAMENTE te servirá para INGRESAR al concurso, ya que si no estás preparado, no podrás librar las demás etapas, y cuando sí estás bien preparado no sientes la necesidad de “comprar” el examen.

Por otra parte, desde el punto de vista del “traficante de exámenes”, tampoco le conviene darte “financiamiento” y le pagues con tres meses de sueldo el hecho de que pases la etapa de conocimientos, pues éste solo sirve para ingresar al concurso, de ninguna manera garantiza que resultes vencedor en él, y si no, no podrás pagar tu “crédito”.

En cuanto a que “el tema incomoda a muchos actores. Consejeros, magistrados, juzgadores, funcionarios activos y en retiro, secretarios y hasta abogados lo esquivan por sus intereses en juego: casos pendientes en tribunales, familiares con pretensiones dentro de la carrera judicial, compadrazgos o contratos como instructores o maestros…”.

Creo que lo incómodo es que se calumnie de tal manera al PJF, cuyos integrantes trabajan arduamente y cumpliendo los principios de la carrera judicial. ¿Que la venta de exámenes era solamente para un grupo selecto?, tampoco tendría lógica, pues el “traficante” buscaría el mayor lucro posible, esto es, vender a la mayor cantidad de interesados.

También dice la nota: “‘A la institución se le conoce en el medio como el Poder Familiar de la Federación, porque todos se conocen y se deben favores’, describe Arturo Flores Albor, quien ha sido académico del Instituto de la Judicatura y ex juez penal”.

Conviene mencionar que quienes trabajan en el PJF de verdad dedican muchas horas diarias a la función, son los funcionarios públicos que más trabajan en México. Ahora, si un funcionario judicial no cumple adecuadamente con su función, se exige su responsabilidad, sea o no hijo o pariente de otro funcionario.

También se dice en la nota que ninguno de los consejeros tiene carrera judicial.

Esta afirmación tampoco es cierta, pues el segundo párrafo del artículo 100 de la Constitución federal dice: “El Consejo se integrará por siete miembros, de los cuales uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres consejeros designados por el pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los magistrados de Circuito y jueces de Distrito; dos consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República”.

Una de las porciones más delicadas de la nota es la siguiente: “Porque quienes lo conducen no son gente de carrera, sino tecnócratas de los que piensan que un simple aparatito les resuelve la vida. Más del 50 por ciento del presupuesto del Poder Judicial para en el Consejo, cuando hay gente ahí que jamás ha visto un expediente judicial. Y a quien no le entra a las mordidas, lo aniquilan”.

La afirmación de que quien no le entra a las mordidas lo aniquilan es completamente falsa y calumnia a los funcionarios judiciales y los hace ver como obligados a cometer el delito de cohecho. Lo cierto es que los funcionarios del CJF no tienen el poder para obligar a nadie a recibir mordidas ni tampoco tienen el poder de “aniquilarlo”.

Otra porción del texto asegura: “En total se inscribieron 2 mil 601 aspirantes. La lista fue aprobada por el Consejo el 29 de noviembre. La primera etapa consistió en resolver por escrito un cuestionario de 100 reactivos elegidos por un comité técnico. Esta prueba se realizó el jueves 4 de enero y tan sólo cuatro días después, la Comisión de Carrera Judicial propuso al pleno el pase a una segunda etapa de 91 participantes, que obtuvieron 85 puntos o más en las preguntas”.

Aquí se habla de “tan solo cuatro días” como insinuando que el procedimiento estuvo trucado; sin embargo, los exámenes se califican mediante un sistema de cómputo en cuanto el aspirante termina de contestar. De ahí que cuatro días son más que suficientes para hacer llegar los resultados.

Viene otra insinuación desproporcionada: “¿Por qué buscar una plaza en la cual se obtendrán menos remuneraciones nominales?, ¿por qué se está dispuesto a pagar cientos de miles de pesos por el examen para esa plaza?

“‘Lo que busca un servidor público que compra o utiliza de manera ilegal los reactivos para lograr el cargo es beneficiarse más allá del salario. Si está llegando con trampas, está descalificado en los aspectos éticos y jurídicos’, opina Arturo Luis Cossío Zazueta, catedrático de la UNAM y del Inacipe.

“El puesto de juez abre la posibilidad de obtener mucho dinero, vía corruptelas, además de beneficio para familiares o amigos y posiciones sociales —afirma el ex juez Jorge Octavio Velázquez—. ¿Cuánto les puede representar un caso o una sentencia relacionada con narcotráfico, trata de personas o tráfico de armas? Los favores se pagan en dólares, ellos saben que vender la justicia los hará millonarios”.

Con estas afirmaciones se deja pensar al lector que algunas personas están dispuestas a dejar posiciones en las que ganan más salario que un juez federal y que lo que buscan es dinero que viene de la corrupción. Pero lo que sí te puedo decir es que funcionarios que tienen mayor salario nominal buscan llegar a jueces, entre otras razones, por las siguientes:

1. Es un ascenso en la carrera judicial: juez de Distrito es la segunda posición más alta en la carrera judicial.

2. Los secretarios de la SCJN y del TEPJF son siempre empleados de confianza, por lo que en cualquier momento se les puede despedir, mientras que un juez tiene garantías constitucionales de permanencia en el cargo.

3. Para concluir, debo decir que es en verdad muy lamentable que haya notas tan difamatorias. Esto no perjudica a los funcionarios judiciales, la verdadera afectada es la sociedad que puede llegar a sentir un desamparo e indefensión ante los actos de autoridades, pues si no puedes acudir ante un juez de Distrito, ¿entonces a quién?

*Ex magistrado de Circuito