Autonomía relativa

Tlatlaya: problemas por todos lados

El caso Tlatlaya es una de esas variables del combate al crimen organizado que pueden manchar definitivamente la legalidad y la eficacia del combate gubernamental. Es un caso, también, que puede marcar al gobierno de Enrique Peña Nieto con el regreso de viejas formas de combate a la ilegalidad (cierto que el sexenio pasado y el anterior se dieron eventos desafortunados muy similares, pero el regreso del PRI al gobierno tiene como uno de los lentes de la lupa con que es visto el de las tropelías, la tortura y las ejecuciones).

Tlatlaya parece un tema que fue minimizado en un principio para terminar por tratar de esconderlo, algo prácticamente imposible por su magnitud. Este caso sirve para ver una fallida estrategia de información gubernamental. Un absoluto desorden que tuvo que componer, paradójicamente, el Ejército con un comunicado. El problema de un mal manejo de información en sucesos como el de Tlatlaya es que empañan las investigaciones y sus resultados. Lograr credibilidad después de que la propia información oficial intentó deformar los hechos y describir una versión poco creíble al ser desmentida por testigos, será muy difícil. Los muertos eran criminales, pero eso no justificaba su ejecución. En el colmo del mal manejo pareciera que los jóvenes criminales terminarán siendo mártires.

Otro ingrediente de manejo espinoso es que el asunto ya es un escándalo en medios internacionales. El control de la información en este sentido es casi imposible para el gobierno. Los corresponsales extranjeros tienen en este caso una fuente de información múltiple que puede desdibujar el esfuerzo de Peña Nieto y su gente en lograr una buena imagen internacional.

Tenemos entonces un par de problemas: lo que parece ser un exceso absoluto en el operativo militar y un más que deficiente manejo de la información que generó mucho más dudas que certezas. Pero a esos, hay que sumarle otro que es bastante penoso: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuyo titular ha mostrado su absoluta inutilidad y su  pavorosa subordinación al priismo gubernamental. Se entiende que una persona como Raúl Plascencia esté más preocupado en su campaña para repetir en el puesto que en cumplir con sus obligaciones. Alguien que disfruta de ver esculturas de él, que le ponen su nombre a cátedras universitarias que él mismo imparte, no puede mas que esperar a ver qué le dice el gobierno que diga respecto de la investigación, porque de esa manera se gana el voto priista. Son delicadas las declaraciones de quien encabeza para las Américas la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco —personaje ciertamente estridente pero de verticalidad incuestionable— en que en este caso la CNDH “ ha brillado por su ausencia”. Y es que el señor Plascencia pidió algunas semanas para informar al respecto. Papel vergonzoso  de quien debiera ser el primer ocupado en la investigación.  Quizá es de lo poco bueno que se puede sacar del caso hasta ahorita: la CNDH, con este titular, no sirve para nada mas que para alimentar la vanidad de su titular. Urge el cambio.

Finalmente,  estamos a la espera de que la PGR haga la investigación respectiva y de claridad en el asunto o lo enturbie más —con esa institución nunca se sabe—. No deja de ser notorio que a corto tiempo de que Jesús Murillo se convierta en el primer Fiscal —puesto en el que no tendrá que reportarle al Presidente— tenga que investigar, ni más ni menos, que al Ejército. Para él es una prueba de fuego que en mucho le ayudará a consolidar la buena imagen que ha logrado o todo lo contrario. Como se ve, el caso Tlatlaya da para todo y, en muchos aspectos, es una bomba.

 

juanignacio.zavala@milenio.com

Twitter: @juanizavala