Autonomía relativa

Del plato a la boca…

Al margen de lo que pase a nivel federal con los gobernadores en la mira, en sus propios estados tienen ambiente ríspido por decir lo menos. Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua son entidades en las que la corrupción de los actuales gobernadores llegó a niveles intolerables. Los ciudadanos decidieron echar al PRI del gobierno, pero no solo eso, hay una clara intención por parte de los ganadores: meter a la cárcel a quienes han sido la muestra más patente de impunidad y escándalo en los últimos años.

La cárcel para el gobernante en turno se ha convertido en una promesa básica de campaña. Es una promesa efectista. Por supuesto que el electorado, en el caso de estas tres entidades, por ejemplo, reacciona con entusiasmo a una propuesta de ese nivel. Es común que en algunos estados sean tolerantes con lo que hacen sus gobernantes. Cuando uno va a ciertos lugares, la gente dice muy tranquila: "En esta disco fueron los 15 años de la hija del gobernador, la cerraron para su fiesta"; "esta casota es de la amante del gobernador, aquí ves a sus escoltas todos los martes y jueves"; "este es el restaurante donde se empeda el gobernador todos los viernes"; "este es el club de golf que está construyendo el gobernador"... Quizá no todo sea cierto en todos lados y sea parte de la herencia que dejaron otros sátrapas que gobernaron con anterioridad, pero en algunos lugares es más que cierto y es apenas la punta del iceberg de la corrupción. Los atracos los cometen a plena luz del día, a la vista de todos, el cinismo y el descaro se convirtió en un ingrediente de la forma de gobierno de esos sujetos.

Sin embargo, la cosa no parece del todo fácil para los recién electos. Ya el año pasado El Bronco prometió meter a la cárcel a su antecesor Rodrigo Medina. El resultado de más de un año de trabajo ha sido la confiscación de una casa. Es todo. Mientras tanto El Bronco ha entrado en una baja de popularidad por sus malos manejos de gobierno. La promesa básica sigue sin cumplirse.

Las leyes de los tiempos políticos en nuestro país son en ocasiones verdaderamente absurdas. Los ganadores tomarán posesión de sus puestos hasta meses después de las elecciones (en el caso de Puebla son casi ocho meses para el cambio de gobierno). Este tiempo es aprovechado por los salientes para protegerse —como ha quedado claro en días pasados—. A los ganadores no les ha quedado de otra más que declarar y declarar, repetir su promesa y amenazar al que está todavía en el gobierno. No parece ser gran idea pero, por ejemplo, es lo que hace Javier Corral. Esto lo podrá usar jurídicamente César Duarte en su defensa alegando que se le culpó con anterioridad sin prueba alguna y que no tuvo el debido proceso. En este sentido, hace unas semanas Guillermo Padrés consiguió un amparo para que ningún miembro del gobierno de Sonora se pronuncie sobre su situación jurídica. De esa manera ni la gobernadora —que lleva meses friéndolo ante la opinión pública, pero sin que todavía consiga una orden de aprehensión— puede declarar al respecto. Si César Duarte consigue lo mismo, Corral se quedará sin tema. Y así puede pasar con los otros.

A ver qué pasa, pero es sabido que del plato a la boca, se cae la sopa.

Twitter: @juanizavala