Autonomía relativa

Cambiar lo que está bien

El caso Iave es una muestra de las maneras en que este gobierno hace las cosas. Hay mucho de voluntarismo y ocurrencia.

Una de las tentaciones más grandes de quienes forman parte principal de un nuevo gobierno no es robar —parece que esto se presenta como a los dos años, y a partir de ahí se agudiza—, sino cambiar todo, inclusive lo que funciona. Es el caso de varias áreas en el gobierno de Peña Nieto. Quizá envalentonados con el triunfo y el regreso del priismo al gobierno federal, han decidido que nada de lo que se hizo antes funciona. Así comenzaron por vilipendiar la estrategia contra el crimen organizado del sexenio pasado, para terminar haciendo lo mismo. Y es que a estas alturas de la vida está difícil inventar el hilo negro. Pero se entienden las ganas y la intención de hacer algo diferente que los distinga del pasado.

Estas ganas por poner un sello único a la vida pública es peligroso, porque en muchos aspectos pueden significar un retroceso. No es lo mismo implementar un nuevo proceso en Villa del Carbón que en todo el país. Mover la estructura de un gobierno federal no solo es costoso en términos de dinero, sino también en tiempo y esfuerzo. Tomar decisiones paso a paso de los trámites puede ser engorroso, pero es la vía correcta que evita mayores costos en el futuro. Si los trámites están mal, pues hay que cambiarlos, pero eso no significa que se tengan que tomar decisiones atrabiliarias ni tomar el recurso público como botín.

El caso Iave, que ha documentado Carlos Puig en estas páginas, es una muestra de las maneras en que este gobierno hace las cosas. Hay mucho de voluntarismo y de ocurrencia en la toma de decisiones. Hay un manejo más bien cínico de la información. Contestar que no hay declaraciones de un tema reciente porque “son cosas del pasado” es un desplante de autoritarismo caciquil.

Cambiar por cambiar puede ser una de las hipótesis en este caso. El otro es cambiar las cosas para favorecer a alguien. Hacer negocio con el compadre, con el amigo, con el mecenas; pagar favores privados con dinero público, hacer negocios mientras se puede, cobrar comisión y todo lo que se pueda mientras “no nos cachen”. Esa, por supuesto, también puede ser otra motivación —y muy poderosa— para cambiar las cosas que sí funcionaban. Para tal efecto, se anuncia la “modernización”, la “puesta al día”, la “innovación” del trámite o de la obra pública.

En los últimos días hemos visto en diversos medios de comunicación información que detalla favoritismo a empresas cuyos dueños provienen del Estado de México. El es caso de Iave: se quitó algo que funcionaba para darle la posibilidad a uno de los empresarios que, según se rumora, es de los favoritos del sexenio.

Son varios los columnistas que no alcanzan a entender la razón del cambio. El propio Puig reveló que la testigo social de la licitación aconsejó que no se llevara a cabo. Es sabido que hay fuerzas políticas más importantes que la de una testigo social en una licitación. El tema de Iave es una muestra de lo que al director de Capufe le parecen las opiniones de externos acerca de sus licitaciones y decisiones.

Estamos ante otro caso que parece salirse del control del gobierno. Sergio Sarmiento (Reforma) y Julio Hernández (La Jornada) señalaron que Benito Neme, director de Capufe, es compadre del Presidente. No hay delito en ser compadre del Presidente (que debiera tratar no hacerse de ahijados en lo que resta de su gobierno), pero se debiera ser más escrupuloso si se tiene esa relación con el titular del Ejecutivo. Porque cuando no hay razones lógicas para explicar lo hecho —como es el caso— se acude a la que sí la tiene: que todo se trata del compadre y del amigo del Presidente.

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