Cadena de mando

¡Que se regresen a Tamaulipas!

El 25 de agosto de 2010, el hoy comandante del Cuartel General del Alto Mando de la Marina, vicealmirante C.G. D.E.M. José Luis Vergara —en ese entonces vocero de la Armada de México—, informaba sobre la situación, la acción y los resultados del operativo donde elementos de la infantería de Marina, después de un enfrentamiento de más de seis horas con miembros de Los Zetas, descubrieron 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en un rancho ubicado en el ejido El Huizachal, del municipio de San Fernando, en Tamaulipas.

A mediados de febrero de 2012, el general Brigadier D.E.M. Arturo Medina Mayoral, comandante del 106 Batallón de Infantería, ubicado también en San Fernando, informaba sobre la recuperación de ese municipio, resultado de las acciones emprendidas por elementos del Ejército mexicano.

San Fernando se convirtió a principios de 2011 en el primer municipio de nuestro país donde todos sus habitantes se desplazaron a otras partes, abandonando en la delincuencia inmuebles, tierras, comercios, pertenencias e historia. Desde épocas revolucionarias, situaciones de esta magnitud no se vivían en México. Ante el asombro del mundo, quedó claro que la acción militar en ese municipio fue el recurso para lograr el regreso de sus habitantes, catalogando a San Fernando —a partir de la recuperación— como el municipio más seguro de Tamaulipas.

Hace apenas tres años, en la llamada “frontera chica”, que va de Matamoros a Nuevo Laredo, y también de la zona de Reynosa a Tampico, la actividad criminal comenzó a ser impactada por la fuerza militar. Para dar una idea de la tarea emprendida por el Ejército
y la Marina Armada, en menos de un año se logró rescatar a 102 personas secuestradas por los “mañosos”. Otro dato aterrador, proporcionado a este espacio por fuentes de inteligencia que piden el anonimato, señala que entre 2010 y 2011 fueron desaparecidas tres mil 300 personas solamente en Reynosa, San Fernando y Ciudad Mier.

La estrategia de recuperación de espacios se llamó “Operación Noreste”, que abarcaba los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. El éxito de ésta fue la acción coordinada que militares de tierra, mar y aire emprendieron ubicando rutas de tráfico de droga y de personas, deteniendo en flagrancia a delincuentes, desarmando y poniendo a disposición a muchas policías municipales —de las que tomaron el control—, desmantelando laboratorios de droga e infraestructura donde se producía piratería.

En aquellos días, la presencia militar en Tamaulipas y Nuevo León encontró oposición social, identificada como parte de una campaña financiada desde los grupos criminales, que, sabedores de los impactos que les estaban ocasionando soldados y marinos, necesitaban mitigarlos a toda costa. Sin embargo, todo el costo mediático y político fue para Felipe Calderón. Las fuerzas armadas tuvieron la oportunidad de demostrar a los mexicanos que todas las tareas emprendidas fueron únicamente en beneficio de la sociedad.

Los militares no gobiernan en este país; no es su función y, por ello, no se debe confundir ahora con la nueva estrategia de seguridad para Tamaulipas, presentada esta semana por Miguel Ángel Osorio Chong, que le quitará poder al gobernador Egidio Torre.

Tamaulipas no tiene nada que ver con Michoacán. No se debe confundir la responsabilidad de los dos generales y de los dos almirantes que estarán al frente de las operaciones de la nueva regionalización de Tamaulipas con la militarización del estado o, más allá, con la toma militar del control político. Es el Presidente, vía su secretario de Gobernación, quien asume el control político y social del estado, y por supuesto deberá asumir también el éxito o el fracaso.

Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, altos mandos del Ejército y la Marina, tienen en sus elementos castrenses soluciones críticas para momentos críticos, aun y cuando dentro de éstas, se les sigue debilitando en la certeza jurídica para llevarlas a cabo. La estrategia militar para la seguridad pública tamaulipeca está en marcha. Ya regresaron soldados y marinos a recuperar nuevamente el estado que tiene la frontera criminal más activa de nuestro país, y por ello, ése es el tamaño del problema.

No se debe subestimar la acción de las fuerzas armadas, pero tampoco sobrestimarla. Una vez que se recuperen los espacios, lo que sigue es política y gestión pública, sectores donde a los militares no se les permite participar.

Toque de silencio

La saña y la cobardía con la que fueron asesinados cuatro militares el pasado 13 de mayo en las inmediaciones de Guachinango, Jalisco, los suman a la lista de más de 46 soldados muertos en la presente administración.

Tamaulipas es el estado donde más militares han muerto en los últimos años.

 

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