Cadena de mando

Las fuerzas armadas no son moneda de cambio

El gobierno de la República ya encerró a los autores materiales del secuestro y muerte de los estudiantes normalistas de Guerrero. A José Luis Abarca y a su esposa, por fin, se les levantó proceso por este caso. De los autores materiales, solamente falta detener a uno que le dicen El Gil. Ayer el Ejército mexicano detuvo a El Cepillo, quien es la persona que llevó a los 43 estudiantes al basurero de Cocula; también están detenidos y confesos quienes quemaron a los estudiantes. Presos están también los policías municipales que participaron en el levantón. Solamente falta detener al ex director de Seguridad Pública de Iguala.

Fui crítico y escéptico de la reunión que a finales de octubre sostuvo el Presidente en Los Pinos con los padres de los estudiantes. Crítico, porque el formato de la reunión debilitó al Presidente y a los padres de familia. Escéptico porque al salir de la reunión, Felipe de la Cruz acusó por primera vez que por culpa de los militares su hijo casi muere. Huelga decir que este miembro de la Ceteg no tiene ni hijo ni parientes entre los muertos de Cocula. Él es una pieza vital de una guerra que se lucha en los medios y al parecer el gobierno no se está dando cuenta de lo mucho que ha perdido.

Escéptico, porque tanto la PGR como la Segob no se han dado cuenta de que las verdaderas víctimas hoy son los padres de los 43 muertos.

Para quienes encabezan el movimiento de Ayotzinapa, la vida de los estudiantes, así como la de sus padres, no vale absolutamente nada. Lo único que importa es postergar indefinidamente su mal llamado, pero lucrativo, movimiento.

El domingo 28 de septiembre pasado los padres se reunieron en el cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala —el mismo que los provocadores intentaron tomar el lunes pasado— para pedir la ayuda de los soldados para localizar a 56 estudiantes que hasta ese momento estaban desaparecidos.

¿Cuándo se invirtieron los papeles?

Quienes no hayan entendido que el Ejército mexicano no es moneda de cambio en ningún tipo de negociación cometen un grave error. A quien más se afecta es al Presidente, no a los soldados. Quien se afecta es el país completo, no la institución armada. Y aquí saldrán los radicales a decir que el secretario de la Defensa Nacional y el de la Marina Armada de México deben obedecer las órdenes del Presidente. En realidad, Enrique Peña Nieto sabe que tiene en el general Salvador Cienfuegos y en el almirante Vidal Soberón a sus dos hombres de mayor confianza y, por ello, jamás ordenará un dislate como es la apertura de instalaciones militares, aun y cuando Miguel Ángel Osorio Chong lo entienda de otra manera.

El mensaje enviado esta semana por el secretario de Gobernación fue confuso y por demás tendencioso, al querer encabezar prácticamente la búsqueda de los estudiantes en instalaciones militares. ¡Cuidado! No se puede contravenir lo que está sosteniendo la PGR —referente a la suerte de los estudiantes— ni, peor aún, se pueden negociar aspectos de seguridad nacional con un grupo de “culeros” que no tiene mayor representatividad que la de cuatro o cinco municipios de uno de los estados más pobres y atrasados del país.

Son las fuerzas armadas las que mantienen la verdadera fortaleza institucional en este país. La sociedad lo sabe y no quiere que cambie la realidad en la que se encuentra hoy y, por eso, llama la atención que quienes asesoran al Presidente no entiendan que a los militares no se les puede dar trato de policías, es decir, a pesar de que están solucionando problemas de seguridad pública, no se puede desconfiar ni mucho menos someterlos al escrutinio de unos cuantos.

Habrá que preguntarles a gobiernos anteriores cómo les fue cuando ofendieron a las fuerzas armadas.

Cabo de Guardia

Lo mismo sucede con el nuevo presidente de la CNDH.

Reclasificar el caso Tlatlaya es una verdadera burla para la sociedad. Los soldados que participaron en el enfrentamiento y después en la ejecución están presos por delitos civiles y militares. Fue la propia Sedena la que los puso a disposición tanto de jueces militares como de la PGR para que iniciara el proceso en ese fuero.

En la recomendación de la CNDH a Sedena por este caso se asentó que debía la institución armada indemnizar a las víctimas. Lo que nunca se estableció es cuántas son, quiénes son y dónde se les localiza.

Hasta este momento nadie ha reclamado nada al Ejército.

¿Quién quiere desprestigiar a las fuerzas armadas?

Después que no se quejen.

 

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@elibarrola