Cadena de mando

De “desaparecidos” a “desaparecedores”

El domingo pasado, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, informó a los medios que se había “citado” (sic) a comparecer al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, para conocer la opinión de la Sedena sobre lo que ocurre en Guerrero. En la realidad, la comisión le pidió una cita a Cienfuegos, misma que se llevó a cabo el martes 21 y donde, efectivamente, el tema central fue la situación en Iguala y los 43 estudiantes hasta hoy desaparecidos. Fue una reunión privada en las oficinas del general- secretario, no una comparecencia.

Fue en agosto del año 2001 cuando por primera vez un secretario de la Defensa (Gerardo Clemente Vega García) compareció ante legisladores. Para Vega García fue una mala experiencia, tanto que, en su momento, giró órdenes para que nada se negociara con diputados o senadores ni siquiera el presupuesto del Ejército.

En abril de 2010, el gabinete de Seguridad del presidente Felipe Calderón, que incluía al general Guillermo Galván Galván, se reunió con la Junta de Coordinación Política del Senado de aquel entonces, con la intención de aclarar cuál era la ruta a seguir en materia de seguridad. El general Galván dejó claro ese día que la tropa seguiría en las calles por muchos años, aunque ya, en ese entonces, algunos generales comenzaban a cuestionarle la nula protección jurídica de los militares ante las acciones contra la delincuencia.

La balandronada del senador Encinas, de hacer ver la reunión como una comparecencia, se puede entender más como la oportunidad del propio Encinas para acercarse al alto mando militar y con ello enviar una señal de que él y sus correligionarios investigan a fondo el tema Iguala, “exigiéndole” toda la información posible al secretario de la Defensa; en otras palabras, seguir ocupando ese papel de “siempre víctimas” de un gobierno represor y abusivo que él y muchos perredistas —y panistas, petistas, y varios más— han encontrado y usado de manera permanente como bandera política y social.

La realidad que ha destapado el terrible hecho de Iguala es que los perredistas, sus gobiernos (estatales y municipales), sus intereses partidistas y hasta su ideología cambiaron su eterna calidad o categoría de desaparecidos, golpeados, amenazados y ejecutados, a ser ahora los que desaparecen, golpean, amenazan y ejecutan al “pueblo bueno”. Del discurso sesentero —que hasta el pasado 2 de octubre mantenía Alejandro Encinas— del Ejército que mató a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ahora son ellos los que exhiben sus debilidades, manías, mañas e intereses delictivos personales y de grupo, asesinando y desapareciendo estudiantes que tienen cara, nombre y apellido. Tienen familia, compañeros, vecinos y un sinfín de afectos que claman para que aparezcan con vida. Hasta donde sé, a partir del 2 de octubre de 1968, en México, no se creó algún grupo, por ejemplo, como el de Las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, que reclamara el regreso con vida de los supuestos miles de estudiantes desaparecidos de esa noche que no se olvida. La única que reclamó a principios de los 70 fue Rosario Ibarra de Piedra, solo que aquí el reclamo fue para el gobierno, no para el Ejército. Se supone que quien desapareció y mató a su hijo fue la Dirección Federal de Seguridad.

Peor imposible para la izquierda mexicana. Pasaron de ser las víctimas para convertirse en victimarios.

¿Qué tipo de refugio creen encontrar en las fuerzas armadas?

Cabo de Guardia

El informe sobre Tlatlaya de Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, no vino a informar nada nuevo. Se le olvidó al ombudsman (hoy en desgracia) que fue Sedena la que detuvo a los ocho elementos que participaron esa madrugada, de los que tres están a disposición de la PGR.

Llama la atención que en su informe Plascencia afirme que se utilizaron las versiones de dos testigos que se encuentran detenidas por su presunta vinculación a un grupo delictivo. Para la CNDH, debería ser más importante investigar por qué esas dos mujeres están detenidas —el Ejército las liberó esa noche— y si en un determinado momento se les están violando sus derechos humanos.

Llama la atención que la CNDH sí pudo determinar cuántos fueron ejecutados y cuántos fueron enfrentados por la vía legal y que la PGR todavía no lo determine.

Llama mucho la atención que en su informe Plascencia identifique a tres menores de edad entre los muertos —no es responsabilidad del Ejército que muchos jóvenes prefieran estar en las filas de la delincuencia— como un hecho inédito, cuando la CNDH no ha promovido una estrategia que proteja a los niños y adolescentes de caer en las nóminas criminales.

 

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@elibarrola