Cadena de mando

¿Contra quién debe actuar el Ejército?

No debe sorprender que la Secretaría de la Defensa Nacional haya aceptado la recomendación que le envió la CNDH con motivo de los hechos de Tlatlaya.

Sin duda, es la institucionalidad de la Sedena la que responde a esto,  y no debiera haber mayor análisis
a esta aceptación; más bien habrá que recordar cuál fue la instancia que puso a disposición a los militares que participaron aquella madrugada del 30 de junio.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Raúl Plascencia, quien se encuentra en el cierre de campaña,  no entendieron que su tardía y tendenciosa recomendación “vale una pura y dos con sal”, ya que el fin de ésta es que pague quien causó el daño, que se indemnice a las víctimas de alguna manera y que la institución que abusa del derecho fundamental de un ciudadano genere prácticas para no volverlo a hacer.

Vale la pena apuntar lo siguiente:

1. Es la Sedena la que presenta a siete soldados y un oficial para que se determine su responsabilidad y, de haberla, paguen su delito cumpliendo una condena.

2. Será muy difícil comprobar el grado de culpabilidad de los tres militares que están sometidos a la autoridad civil, y de ahí lo que ellos tres tengan que pagar; y con ello poder responsabilizar a la Sedena institucionalmente.

3. La CNDH le recomienda al Ejército que indemnice a las víctimas de Tlatlaya. Lo que no dice son los nombres o por lo menos una media filiación para que se haga. No hay a quién indemnizar, es decir, no tienen nombre las “supuestas” víctimas de esa madrugada.

4. La Sedena es la única institución del país que tiene una escuela de derechos humanos.

5. El Ejército cuenta con la Dirección de Derechos Humanos a cargo del general brigadier de Justicia Militar y licenciado José Carlos Beltrán Benítez, quien es reconocido a escala internacional por su trabajo. Esta dirección se ha encargado de promover entre todos los elementos de tierra y aire la importancia de proteger al ciudadano.

6. La cultura de derechos humanos aplicada a la realidad del país se promueve desde el primer año y durante todos sus estudios a los cadetes en el Heroico Colegio Militar, así como en todos los planteles educativos militares. Al personal de tropa, de manera permanente se le capacita e instruye para mantenerse en esa legalidad.

La semana entrante se decide quién será “la” o “el” próximo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; menuda “chamba” tendrá el electo. En primer lugar estará demostrar que esta comisión no es un juez sumario, radical e ignorante.

La CNDH debe recobrar su naturaleza de servicio y por lo menos, en el caso Tlatlaya, ponerse de acuerdo con lo que otras instancias han resuelto. La recomendación emitida habla de que los soldados ejecutaron a 15 de los 22 delincuentes que se encontraban ahí; la PGR dice que fueron ocho. Todo se basa en las declaraciones de las tres testigos de esa madrugada, de las cuales dos están detenidas por la procuraduría por presunta asociación delictuosa.

Por su parte el general y secretario Salvador Cienfuegos ya sentenció que va a velar para que todo soldado que enfrente en un proceso legal sea tratado con justicia e igualdad.

Los soldados también tienen derechos humanos.

Cabo de Guardia

Para quien no quede claro qué es lo que está haciendo el Ejército por el país, en verdad deja ver una ignorancia más que terrible, irresponsable.

Para quien crea que las fuerzas armadas pueden salir a disolver manifestaciones populares sin que exista una solicitud estatal, antecedida de la municipal y estas dos, autorizadas por la autoridad federal, habrá que regresarlo a la secundaria.

¿Contra quién se supone que tendría que haber actuado el Ejército la noche que desaparecieron los 43 estudiantes?

El Ejército no actúa contra el pueblo. Actuar contra la policía municipal que secuestró a los jóvenes viola la soberanía municipal. No es el Ejército el que lo quiere así; pero, esa es la ley que los civiles crearon, aceptaron y promueven.

La certidumbre jurídica del ejército es débil y urge fortalecerla.

En los años setentas, el país necesitó el apoyo del ejército para acabar con la guerrilla, “haiga sido, como haiga sido”. Desde hace por lo menos 15 años, el país necesita que el ejército, la marina armada y la fuerza aérea, protejan y den solución a las necesidades de seguridad pública, que la corrupción e impunidad de los gobernantes, permitió, se saliera de control.

El problema radica en que si los militares actúan, entonces hay “pedo”.

Y si no actúan, también.

 

jibarrolals@hotmail.com @elibarrola