Cadena de mando

Un año después de Tlatlaya / II

¿Quien —allende las fronteras— acusa a México de violar derechos humanos de forma sistemática e impune sabrá que en el extranjero a quien se juzga es al país, pero al interior a quien se le califica únicamente como tal son a las fuerzas armadas?

La pregunta viene justa, debido a que a un año de Tlatlaya no es el país el culpable de la supuesta ejecución de delincuentes, solamente queda en el Ejército mexicano; es decir, para el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, el “violador” es México; en cambio, para las ONG —que tanto siguen los detractores de las fuerzas armadas— el único culpable es el instituto armado, lo que justifica aquella máxima de que la victoria no le pertenece al soldado; la victoria solo le pertenece a la patria… y la patria siempre es buena.

Tlataya, es un ejemplo de la derrota de la patria ante los delincuentes.

Ni soldados ni marinos andan por las calles, eligiendo a quién se “chingan”. Las fuerzas armadas de este país realizan millones de operaciones anuales contra la delincuencia, regresando los espacios que los grupos criminales toman, ya sea por una total ausencia de autoridad o bien porque cooptaron a la misma y se dedican a hacer de las suyas —aquí sí— con plena impunidad.

Esta semana que termina Coca-Cola Femsa anunció que da por terminadas sus operaciones en el municipio de Arcelia —colindante con Tlatlaya— debido a que la delincuencia no permite que se distribuyan los productos de esta multinacional. Nadie en esa zona —que divide al Estado de México y Guerrero— alza su voz contra los militares. Hasta este día, no existe una denuncia por parte del alcalde de Tlatlaya, en la que defienda los derechos de 22 o de 11 inocentes mártires, quienes murieron por las “balas asesinas” de “soldados represores”.

Que se les dé a las viudas de los militares la misma cantidad de dinero que se les da a las de los delincuentes cuando el gobierno los acepta víctimas.

Cabo de Guardia

Los soldados que participaron esa madrugada en Tlatlaya portaban el fusil FX-05, calibre 5.56 x 45 o bien 7.62 x 51, mismo que se produce en la fábrica de armas de la Sedena.

El periódico La Jornada publicó esta semana que las armas con las que “ejecutaron” a 11 delincuentes eran calibre .223 y provenían de armas Colt R-15.

Los soldados saben bien los riesgos de modificar escenas del crimen.

Por cierto, por qué dejar a tres testigos vivas, cuando se supone que ya habían ejecutado a los mártires de Tlatlaya.

 

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@elibarrol