Cadena de mando

Tlatlaya: lo que verdaderamente pasó

El viernes 27 de junio pasado, Rosa —así la vamos a llamar— recibió una llamada de su hija, de quien, desde mucho tiempo atrás no tenía conocimiento; lo único que sí sabía era que su hija estaba metida en la delincuencia. La llamada en cuestión fue para pedirle que se vieran cerca del poblado de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde la recogería. La hija de Rosa, llegó acompañada de cuatro hombres. La menor y sus acompañantes estaban intoxicados por consumo de drogas. Se llevaron a Rosa, a quien tuvieron tres días retenida con ellos en una bodega. En la misma circunstancia se encontraba una sexoservidora a quien habían levantado horas después que a Rosa. Una tercera mujer se encontraba retenida en la bodega, donde hacia labores de limpieza para el grupo delictivo que la madrugada del 30 de junio se enfrentó con los soldados del Ejército mexicano. En el enfrentamiento murieron 21 hombres y una mujer; sí, la hija de Rosa. A sus escasos 15 años ya tenía su historial delictivo y esa madrugada también participó en el tiroteo. Rosa, la sexoservidora y la tercera mujer fueron liberadas, por los militares.

Rosa estaba ahí, fue testigo de lo que ocurrió y de cómo ocurrió. Sabía en qué se había convertido su hija y, a pesar de que la perdió para siempre, a pesar de morir adolescente, hasta el día de hoy no existe una denuncia ante ninguna autoridad o medio de comunicación o manifestación pública por parte de Rosa, donde ella reclame que la muerte de su hija fue de una manera distinta a como oficialmente se dio a conocer. No creo que haya un padre de familia que permita que le maten a un hijo, así porque sí.

La hija de Rosa no es parte de un nuevo grupo de 22 mártires. En todo caso, esta menor de edad es una víctima más de la realidad que muchos municipios de este país tienen hasta hoy. Esa realidad donde un adolescente prefiere entrar a las filas de la delincuencia por todo lo que ofrece, en vez de seguir el camino de la legalidad, el que siempre es más largo y difícil.

Ninguna ONG ha analizado la gravedad de esa preferencia de los jóvenes.

En días pasados, Human Rights Watch se sumó a una campaña que intenta demostrar que lo sucedido en Tlatlaya no fue un enfrentamiento. Todo comienza con la nota del reportero Mark Stevenson, de la agencia Associated Press, donde, más que un trabajo periodístico, lo de Stevenson se convirtió en el informe de un experto en operativos tácticos militares mezclado con un profesional en balística; donde se sostiene que los delincuentes fueron ejecutados al mejor estilo de un fusilamiento. Que riesgoso es para un corresponsal extranjero asegurar un hecho de esa dimensión, eliminando dentro del contexto, la violenta y cruel realidad que se vive en los límites del estado de México, Guerrero y Michoacán, específicamente en Tlatlaya.

El impacto de los grupos criminales a nivel municipal es enorme, tanto que mandan sobre los alcaldes y las policías. Esta es la realidad de muchos puntos del Estado de México, donde Tlatlaya es un exponente inmejorable, ya que le falta la calidad de los avecindados que tiene, por ejemplo, Valle de Bravo, y que por lo mismo, la presencia de los criminales provoca que hasta se declaren “toques de queda”, sin que las autoridades municipales y estatales hagan absolutamente nada.

Para Human Rights Watch (HRW), la consigna siempre ha sido la misma, ¡pegarle! al Ejército y a la Marina, tarea en la que invierten todos sus esfuerzos, cayendo en una profunda subjetividad. Los pobladores de San Pedro Limón o de San Antonio del Rosario (Tlatlaya) no tienen ni la menor idea de qué o quién es HRW, ya que jamás esta organización se ha preocupado por ellos. HRW no ha preguntado siquiera, cuántos de los 22 cuerpos han sido reclamados por sus familiares.

Human Rights Watch, nunca ha podido explicar, por qué acusa a las fuerzas armadas de ser violadores sistemáticos de derechos humanos, cuando es la institución que más altos valores de confianza guarda entre la población mexicana.

Por qué quieren confundir todo.

Los 22 de Tlataya eran delincuentes, incluida la hija de Rosa.

 

Cabo de Guardia.

El Consejo Nacional de Seguridad Privada es un organismo poco valorado. La posición de su presidente, Armando Nava, para crear una Cámara Nacional de Seguridad Privada debe ser tomada en cuenta, para poder regular más la actividad de las empresas de seguridad privada.

¿Quién apoya la propuesta?

 

jibarrolals@hotmail.com

@elibarrola