Cadena de mando

Justicia militar y fuero de guerra (parte II)

Cuando un soldado desobedece una orden legalmente dada por un superior en actos del servicio está cometiendo un delito militar. El soldado entonces tiene tres instancias para su juicio y resolución definitiva: el juzgado militar, el Supremo Tribunal Militar y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, la SCJN resuelve cuando se han agotado las primeras dos instancias (juzgado y Supremo Tribunal Militar) y es derecho del soldado refugiarse ahí para que conozcan y evalúen su caso, aun cuando se trate de delitos militares.

Pero qué pasa si el soldado comete un delito federal o bien del fuero común.

Entonces tiene que atenerse a lo que dicten las leyes civiles, sin que el “fuero militar” —término mal empleado— lo proteja. Para muestra, ni el general Ángeles Dauahare se salvó de que la justicia civil lo requiriera por presuntos delitos de delincuencia organizada. Éste es un buen ejemplo, ya que la Sedena no utilizó el “fuero militar” para encubrir, proteger, o como se quiera llamar, a él y a los generales Dawe y Escorcia, ni al teniente coronel Silvio Hernández.

Las ONG no pueden acusar directamente a los militares de nada, ya que para éstas, es muy difícil poder asegurar quién comete los delitos contra los derechos humanos. La mayoría de los líderes de estas organizaciones es extranjera, ya que es una práctica estratégica no otorgar posiciones de privilegio a mexicanos en ellas. ¡Abusados! Estos extranjeros no saben distinguir entre policía municipal, estatal, o fuerzas armadas; para ellos es lo mismo.

Neutralizar la jurisdicción militar, aparte de ser un grave error, podría tener consecuencias negativas para la sociedad. En primer lugar porque dejaría a los ciudadanos a merced de la delincuencia. ¡Abusados! Pondría a los “malandros” —jurídicamente— al mismo nivel de las fuerzas armadas, es decir, en la justicia civil; sabemos que quien tiene más dinero saldrá mejor librado; quien tiene oportunidad de fabricar culpables ganará un caso. El resultado sería desastroso a nivel social. En segundo lugar, porque la razón para intentar neutralizar la jurisdicción militar —que no “fuero”— se debe a un hecho que sucedió hace casi 40 años, ¡abusados!

La autoridad civil resuelve contra la autoridad militar por un hecho que pertenece a otro México. Hoy quien hace desapariciones forzadas —no creo que exista una desaparición voluntaria— es la delincuencia organizada, solo que ahora les llaman levantones. Hoy quienes violan los derechos humanos son los delincuentes y los policías a sueldo de las organizaciones criminales. ¡Abusados!

Es un hecho que algunos elementos castrenses han cometido delitos y los están pagando, o bien deben perseguirse para que respondan a las autoridades, tanto civiles como militares. Pero de ahí a elevar al soldado al nivel del delincuente, solo repercute en debilitar al país en su conjunto. Todo lo anterior no significa que se permita el abuso para conseguir la paz. Significa que el debilitamiento de las fuerzas armadas solo logrará que la situación nacional en materia de seguridad pública se ponga peor.

CABO DE GUARDIA

Lo dicho hace una semana. Las audiencias públicas para analizar la reforma del Código de Justicia Militar son otro intento de debilitamiento para las fuerzas armadas. El pasado viernes 27 de septiembre, tocaba el turno en estas audiencias a los militares, con objeto de que explicaran y soportaran su realidad como institución y sus necesidades legales para una mejor actuación a favor de la sociedad. Sin más aviso que una llamada, el senador Roberto Gil Zuarth canceló a última hora la visita de los de uniforme, dando por terminado el tema. Ojalá que el “flamante” presidente de la Comisión de Justicia del Senado comprenda lo delicado del desaire. ¡Abusado!

Ojalá que el “flamante” presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, Fernando Yunes, comprenda la importancia de tener en estos tiempos una excelente relación con las fuerzas armadas. Y más allá, que comprenda Yunes la importancia de conocerlas a fondo. ¡Abusado!

Ojalá que todos nuestros “flamantes” diputados y senadores comprendan que las fuerzas armadas no sirven solamente para otorgar permisos de portación de arma. ¡Abusados!

@elibarrola