Sin coincidencias

La tercera consulta

Pasadas las reformas estructurales y sus concebidas celebraciones y denostaciones, el país regresa a la realidad del cuerpo a cuerpo, de la insinuación, la infamia y la travesura; de la competencia electoral que ya empezó.

Ante la gran reforma energética el PRD se relamía respecto de su gran consulta el próximo año, para impedirla. Le nubló el panorama la consulta de perogrullo de los panistas sobre si la población está o no de acuerdo en que se suba el salario mínimo. El debate lo inició de manera irresponsable el Gobierno del Distrito Federal y su secretario de Desarrollo Económico —que no nos engañemos, no son del PRD, sino aventureros de la política y aventureros, a secas—, sin considerar que el salario mínimo no opera como mecanismo de remuneración al pago laboral, sino como referente de más de 150 ordenamientos legales en términos de tarifas, pagos de servicios, multas, avalúos, aprovisionamientos y cobro de derechos. El salario mínimo dejó de tener vigencia como mecanismo de remuneración laboral a partir de la explosión de la informalidad cuyo problema se agravaría en el caso de que se aumentara el salario como referente estrictamente de trabajo, ya que desalentaría la contratación y justificaría incrementos fuera de toda explicación en productos cuyos costos no se verían afectados por ese incremento. Pero Mancera quiere figurar y Chertorivski anda buscando alguna nueva posición en el futuro vaya uno a saber por qué otro partido después del habitual recorrido del no compromiso de los principales integrantes de la Comunidad Judía.

Ahora el PRI plantea una tercera consulta. Como estrategia en defensa de la eventual consulta energética tiene lógica. Diluye atenciones, concentraciones y obsesiones discursivas. Se plantea someter a la opinión pública la decisión de reducir el tamaño de la integración de las Cámaras federales. En lo relativo a la de Diputados de 500 a 400; en la de Senadores de 128 a 96, las dos reducciones en detrimento de la representación proporcional.

Es cierto que el Presidente Peña Nieto lo planteó en su campaña. También es un hecho, y no lo deben olvidar los priistas, que en los foros de consulta de la campaña del PRI organizados por la Fundación Colosio la mayoría de los ponentes y opinadores consideraron que el tamaño de las cámaras no era un tema importante. Podían ser 400 diputados o 600. Eso no cambiaba el funcionamiento del Poder Legislativo ni la percepción pública que se tenía de su trabajo.

Ya se sabe que algunos medios y periodistas tienen como pasatiempo gratuito denigrar la función legislativa y difundir lugares comunes que son falsos, pero a fuerza de repetir hasta la saciedad una mentira… han repetido hasta el cansancio que a los legisladores federales de representación proporcional no los eligió nadie. Pues más valdría que en la próxima elección en la que voten se fijen que la lista de representación proporcional está en la boleta y si no saben cómo su voto por mayoría relativa incide en la representación proporcional, infórmense antes de ir a votar sin saber qué se vota y cómo se elige.

La representación proporcional, contrariamente a los que de antemano se dicen no expertos pero rematan y concluyen condenándola, es el sistema más generalizado de las democracias en el mundo. Las mayorías relativas son etnocentrismo político excepcional donde se llega al extremo de pensar que el representante cree que se representa a sí mismo y a sus electores directos. Nada más falso en la teoría y en la práctica.

El PRI, con la propuesta de su consulta, tuvo el acierto político y mediático de ponerle el cascabel al gato. Seamos serios; hay problemas. Porque si la consulta solo puede ser sobre el régimen político y no en materia electoral, el planteamiento del PRI va más allá de cuántos integran las cámaras. Eso es régimen político. Pero en el tema de cómo se eligen sus integrantes, por mayoría relativa o por representación proporcional, ahí están planteando un tema de procedimiento electoral que no puede ser objeto de consulta popular. Sería demasiado laxo que la Corte admitiera su constitucionalidad.

No es necesario que una chicanada de consulta popular, eventualmente legal, intente proteger al país de la indefendible consulta energética del PRD, que al Congreso no lo considera representativo, al tiempo  que a sí mismos se consideran una representación mayoritaria no parlamentaria. Dejemos que la propia basura se ponga en su lugar, sin excesos.

 

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