Sin coincidencias

8 de junio, coacción y diálogo

Prácticamente unánime ha sido el rechazo al anuncio de la suspensión indefinida de la evaluación docente y con el mismo grado de condena se ha reprobado a los funcionarios públicos que de manera formal o real intervinieron en esa decisión. Léase el Presidente de la República, el secretario de Educación, el subsecretario de Gobernación, muy señalados los tres.

A primera vista es inadmisible el sentido de la medida adoptada. Como ya se ha vuelto costumbre en esta administración, a más de una semana del comunicado de prensa no hay una explicación pública mínimamente razonada de sus motivaciones que no sea la de “nuevos elementos a considerar”. Dejemos a un lado el tema del desprecio a la opinión pública del comunicado de SEP. Ya es costumbre. Más de fondo, hay piezas que faltan o que no encajan en el rompecabezas.

Una vez más se impuso el chantaje de la disidencia magisterial, delictiva y subversiva. Así ha sido durante casi 25 años. No es sorpresa. Uno quisiera pensar que el chantaje se basó en una amenaza cuyas consecuencias el gobierno valoró que eran un precio que no valía la pena pagar. Y asumió el costo, desde un mayor desprestigio de la imagen gubernamental hasta la humillación filmada al Ejército, sin considerar los costos graves que haya de asumir el gobierno por acontecimientos el día de mañana en la jornada electoral. Si hay una pizca de racionalidad, el gobierno tiene que haber calculado costos, beneficios, plazos, condiciones, actores, secuencia. Quisiera uno pensarlo.

Han sido casi 25 años de patear el bote hacia adelante, frente a una insurgencia permanente, en su núcleo principal y periódica en su actuar colectivo y público. El gobierno sabe, o debería, que la finalidad de la disidencia magisterial de Guerrero, Michoacán, Chiapas y sobre todo Oaxaca es la movilización per se. Ahí está la ganancia o parte de ella. No actuar contra la subversión y la insurgencia durante casi un cuarto de siglo ya no es un problema que se resuelva solo en una mesa de negociación, menos en el entorno de la borrachera de derechos humanos que por un lado exigen la aplicación estricta de la ley y por otro “no quieren que suceda lo que no queremos que suceda”. A toda madre. Se sabe quiénes son y dónde están. Desde hace mucho, pero no les ha sucedido lo que muchos no quieren que suceda, aunque defiendan la aplicación irrestricta de la ley.

Durante más de 60 años se pateó el bote hacia adelante en el tema de la calidad educativa dada la funcionalidad política del corporativismo. A la hora que grupos disidentes reivindican lo más primitivo de ese corporativismo, las buenas conciencias descalifican al corporativismo en su conjunto y lo neutralizan como aliado al colocarlo como espectador. El resultado es la suspensión indefinida sin bases sociales de repudio al chantaje.

El dilema serio es a partir del 8 de junio. La movilización continuará y la subversión también. Se habrá salvado para bien o para mal el escollo electoral. El gobierno tiene que encarar, por un lado, la realidad de la insurgencia. Por otro lado, tendrá que responder cómo, cuándo y quiénes habrán de realizar la reforma. Los cambios democráticos, las reformas, requieren de transiciones que combinen la amenaza de la coacción con el diálogo. Todos pierden algo. Otra cosa son las revoluciones. No es el caso.

 

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