Sin coincidencias

El contexto

Para los optimistas, las medidas anunciadas por el presidente Peña Nieto el pasado jueves apuntan en la dirección correcta. Para los pesimistas o al menos escépticos, son del todo insuficientes, palabra recurrida en la mayoría de las reacciones.

Ya habrá tiempo de bordar sobre cada una de las medidas cuando se conozcan a detalle las iniciativas de ley correspondientes a varias de ellas para su instrumentación. Mientras tanto, existen algunos elementos contextuales que deberían ser motivo de reflexión para tenerlos en cuenta.

Es innegable que existe un malestar social muy difundido pero que no necesariamente tiene que ver con el crimen cometido contra los normalistas rurales. No, no todos somos Ayotzinapa. La desaparición forzada de los normalistas vino a catalizar un largo proceso de frustración de expectativas iniciado tiempo atrás del comienzo del sexenio de EPN, pero que no fue advertido con oportunidad y precisión en sus diferentes componentes económicos, sociales, culturales, electorales y regionales.

Entender la complejidad del enojo colectivo y la rápida erosión de la legitimidad gubernamental habría implicado —lo que aparentemente no sucedió— un cambio de actitud, de estrategia y de discurso.

Un malestar diverso en sus cauces y diferenciado en sus expresiones no se limita a la disyuntiva maniquea de si todos somos o no somos Ayotzinapa. No se puede ignorar, por ejemplo, el desencanto de muchos empresarios mexicanos, grandes y pequeños, con una política fiscal que no alienta la inversión, la creación de empleo y sí sujeta a los mismos empresarios a una enorme presión del Sistema de Administración Tributaria. Ese enojo también es real, importante y atendible y nada tiene que ver con los sucesos de Iguala.

Falta de cuidado. En un país con una clase media profundamente aspiracional no había necesidad alguna de exhibir propiedades que podían dar pie a la sospecha y presunción noticiosa de un conflicto de intereses. ¿Para qué? Si bien comparto el punto de vista de que la primera dama no tenía que dar explicaciones conforme a la ley, lo menos que podían haber hecho era medir el ánimo de la opinión pública y de las redes sociales para proyectar una aclaración puntual y una imagen amable. No fue así.

No ha habido, hasta la fecha, un argumento oficial, respecto de las razones que haya habido para revocar la licitación del tren México-Querétaro. Uno puede pensar que a los chinos ya se les explicó debidamente, a la luz de la muy importante delegación de ese país que se encuentra el día de hoy en México. Pero a la opinión pública mexicana no se le ha ofrecido ningún argumento. El secretario de Comunicaciones y Transportes sigue al frente de su dependencia como si no hubiera ocurrido nada. Hay cierto dejo de desprecio a la opinión pública y un recurso a la desmemoria que a veces se acumula y explota en forma exponencial por cualquier circunstancia o pretexto banal.

Las principales medidas anunciadas por el presidente de la República recaen en la capacidad de respuesta y acuerdos del Congreso de la Unión. Seriamente habría que preguntarse si hay condiciones para una respuesta rápida y para alcanzar los acuerdos necesarios.

No se puede ignorar que en 2015 hay elección federal intermedia y se disputan nuevas gubernaturas. Es tiempo de confrontación, no de acuerdos. Al tenor de lo anunciado por el presidente Peña en su discurso, la reforma constitucional al 115 es delicadísima, aun cuando se justifica con múltiples evidencias como Iguala. Sin embargo, no se pueden meter, en el mismo costal así como así a Cocula, Guadalajara y Querétaro. No es un debate que pueda procesarse en fast track, menos aún cuando tanto el PRD como el PAN atraviesan por una situación interna ríspida y enfrentada. Las cámaras de Diputados y de Senadores, como el propio Ejecutivo lo ha reconocido, cumplieron razonablemente bien con el ciclo de reformas que duró prácticamente dos años. No hay que olvidar que el capital político se agota y eso aplica no solo al Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo. El tema plantea en el corto plazo muchas interrogantes.

Por último, en el contexto, la gente está harta de la impunidad y peor cuando se le adereza de soberbia. ¿Cuántos gobernadores y ex gobernadores de todos los partidos no podrían estar en la cárcel y sentando un precedente? Y eso no tiene que ver con Ayotzinapa sino con la arbitrariedad, el dispendio y la arrogancia.

 

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