Sin coincidencias

La consulta popular

En la historia, el país experto en generar caos al orden político vía el referendo o consulta popular ha sido Italia. Se han divertido tanto que hasta a Mussolini lo convirtieron en dictador, en aliado de Hitler y derrotado en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fue colgado como res en canal. Y hasta en Italia entendieron que un referendo o consulta popular, como le llama el chavismo consciente o inconsciente latinoamericano, no procede cuando la legislación a discusión, ex ante o ex post, cuenta con más de dos tercios de la mayoría de la representación nacional. Pero Cárdenas, Camacho, Padierna y compañía son una especie de italianos in extremis. Si no soy yo, no es nadie. Ésa es su historia personal de lucro y lujo a costa de decisiones colectivas legítimas.

El marco legal de México tuvo el conocimiento y la sabiduría desde
el siglo XIX de un principio aritmético básico de un gobierno representativo: toda reforma constitucional requiere al menos de dos tercios de la mayoría de la representación nacional como presunción de consenso popular. Si la palabra popular se refiere al pueblo y éste no se enteró al votar del eventual suceso de esa presunción consensual, es problema del pueblo, no de su representación. Esto no es una afirmación elitista. Por el contrario, es una aseveración que invalida, por la misma razón, cualquier pretensión de una consulta popular que descalifique al consenso electo. Supongo que esto no lo entienden las izquierdas, porque solo entienden lo que quieren y lo que les conviene. No es una afirmación ideológica ni política. Es simple lógica. Se entiende que Cárdenas a sus 82 años no discierna, pero que otros vivales como Ríos Piter o Aureoles sostengan lo mismo es incomprensible, a menos que revelen sus verdaderos intereses, no ideológicos, sino electorales y sobre todo económicos.

La reciente aprobación de la Ley Federal de Consulta Popular deja en claro lo que a manera de denuncia es una justa descripción de la realidad hecha por el senador Manuel Bartlett, en el sentido de que toca a la Suprema Corte de Justicia determinar la constitucionalidad del tema sujeto a una eventual consulta. Es decir, tarde o temprano, y eso no correspondía al Legislativo, la Suprema Corte de Justicia tendrá que pronunciar, en ejercicio cabal de la División de Poderes, si una consulta popular puede reformar o abrogar una reforma constitucional que, con apego a sus atribuciones, haya realizado el Congreso de la Unión, con sus mayorías calificadas en ambas cámaras y promulgadas por el Ejecutivo federal. Así de sencillo. El senador Bartlett lo que denunció es un hecho que las propias izquierdas propiciaron: una contraposición entre el 35 constitucional, relativo a la consulta popular, y el 135, igualmente constitucional, que precisa quiénes y cómo pueden reformar la Constitución, sin incluir en ese artículo la algarada festiva de un solo día del pueblo diciendo sí o no a qué cosa.

Si después de una noche de copas la Corte determina que la consulta popular en el tema energético procede, de todas maneras la aritmética de participación y de rechazo no da.

En cualquier caso, quedan cuentas pendientes, unas menores y otras de fondo, para el sistema político mexicano. Entre las menores, porque para la historia serían un pie de página, estarían a qué intereses transnacionales sirvió y sirve el ingeniero Cárdenas, desde que condicionó su lealtad al régimen a cambio de la Dirección General de Pemex. Ésa es la historia de 1986 a 1987. Ésa es la saga de La Quina. Ése es el trasfondo de los contratos monopsónicos de petroleras piratas y corruptas de Estados Unidos que trabajan para Pemex desde 1938 y que ven amenazados sus negocios ante la apertura y la transparencia que darán entrada a operadores profesionales de prestigio y no a estafadores del ex monopolio de Pemex en exploración y explotación de hidrocarburos. Todo pueblo es masa de maniobra; que se active cuesta. La historia pondrá a las cosas, perdón, a las personas en su sitio. También a sus seguidores. Ésas son miserias pasajeras.

De fondo, en el debate de la consulta popular, los participantes no quisieron, algunos no supieron, lo que en realidad estaba a discusión: cuáles son los límites de la legítima representación nacional en el Congreso de la Unión para reformar la Constitución o si acaso debe haberlos. Nadie habló del tema. Ése es el fondo de la discusión antes de consultas populares inviables e imbéciles.

valencia.juangabriel@gmail.com