Sin coincidencias

La arbitrariedad y la legalidad

Apelar a la desmemoria es una de las mejores fórmulas para tolerar y acostumbrarnos a la arbitrariedad. Eso está sucediendo de manera alarmante con el Instituto Nacional Electoral.

Desde finales de los años 70 y en especial a raíz de la elección presidencial de 1988, la más severa crítica al sistema electoral mexicano estaba motivada por el hecho de que en un régimen de partido hegemónico, sin alternancia durante 60 años, fuera el propio Poder Ejecutivo federal el encargado de organizar los comicios, desde el registro nacional de electores, esto es el padrón, hasta la jornada electoral y su respectivo cómputo. El gobierno, palabra del todo inexacta en el habla común, era juez y parte, sospechoso de obrar con mano negra.

Así se creó el Instituto Federal Electoral en 1990, desde la implantación de un nuevo padrón de electores con una credencial similar a la que todos conocemos en la actualidad hasta la parafernalia que se requiere para la elección misma, desde mamparas y casillas hasta funcionarios electorales para todas las secciones de los correspondientes distritos. Era una encomienda eminentemente de carácter administrativa. Su órgano interno de gobierno debía estar integrado con ciudadanos por encima de toda sospecha, lo que nunca sucedió, ya que un ciudadano apolítico, químicamente puro, no existe.

Al paso del tiempo y con el incremento de poder y de recursos económicos, el INE acrecentó sus funciones y sus pretensiones invadiendo terrenos y ámbitos de competencia que traicionaban y pervertían su origen, rebasando el ámbito estrictamente administrativo que justificó su fundación, a espacios de sanción e interpretación legal que competían y deberían competer a órganos jurisdiccionales. Ha habido decenas o centenas de casos que confirman la anterior aseveración. Baste recordar el sonadísimo caso del Pemexgate, cuya valoración legal y eventual sanción tendrían que haber sido una instancia judicial y no administrativa, como lo fue el Consejo General del IFE de Woldenberg y asociados. Este uso y costumbre arraigó no solo en los consecuentes consejos, sino en el imaginario colectivo.

El IFE se transformó en el Instituto Nacional Electoral todavía con más funciones y más dinero y ya no solo para aplicar la ley, sino para interpretarla y vigilar su observancia. Este INE, creado en 2014, es el que decidió que la propaganda del Partido Verde Ecologista de México transgredía la norma y ordenó su retiro, olvidando que en dado caso eso tendría que resolverlo y decidirlo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que para eso está, para garantizar que el proceso electoral se ajusta a la normatividad vigente.

Ante el rechazo de la interpretación del INE por parte del PVEM, el Consejo General decidió aplicar a ese partido una multa de 34 millones de pesos. ¿En base a qué criterio? Como decimos comúnmente a “ojímetro”. Los opositores al Verde se inconformaron aduciendo que era una multa de poca monta y ante las presiones de opinión pública, el Consejo del INE la incrementó a 67 millones. ¿Por qué no 670 millones en vez de 67? ¿O por qué no mejor 6.7 millones? La respuesta es porque no se les dio la gana.

El PVEM ya se inconformó ante el tribunal y veremos qué resulta. Por lo pronto, ojalá que el tribunal en su resolución le recuerde al Consejo del INE que para interpretar la ley está el Poder Judicial y ninguna otra instancia.

 

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