Sin coincidencias

Tiempo de democrática firmeza

Contrario a lo que muchos observadores opinan, unos de buena fe y otros obsequiosos, la fase más compleja del sexenio de Enrique Peña Nieto está por comenzar este septiembre.

El Presidente hizo lo que tenía que hacer, por cierto, a diferencia de los dos que lo precedieron. Usar el poder presidencial y su mayoría partidaria. Recurrir a alianzas incompatibles con intereses electorales de coyuntura, pero coincidentes en reformas estructurales al sistema político mexicano. En las 11 reformas tan publicitadas del sexenio, cuando la unanimidad no fue posible, se aplicó la regla de al final del día, que es la aritmética que el electorado decidió en la votación federal más reciente. No hay más acuerdo nacional que el de una votación federal. Lo demás son componendas.

Las reformas del sexenio de Peña Nieto tienen una gran fortaleza y una enorme debilidad. Por eso la etapa que en este septiembre se inicia es la más compleja de esta administración. Su fortaleza reside en los números de su representación popular y en su capacidad de hallar afinidades con adversarios formales. Con sentido de oportunidad el gobierno actual arremetió con sus 11 reformas y consiguió todas, en algunas de ellas más de lo que se esperaba. Eran reformas, por su importancia, de un inicio de sexenio, lo que no entendieron Vicente Fox y mucho menos Felipe Calderón en las dos presidencias anteriores. Podrá pasar lo que sea en la elección federal intermedia de 2015, pero con un Senado de seis años las reformas son irreversibles, a pesar de que haya o no haya consultas populares distractoras y publicitarias.

La administración de Peña Nieto hizo lo lógico, en jerga beisbolera jugó con el “librito” y lo hizo bien. Muy bien. Nunca en siete décadas se había conseguido un rediseño legal e institucional del Estado mexicano en tal profundidad y en tan corto tiempo.

El riesgo para la estabilidad política del país no ha decrecido, se ha elevado. Aprovechar la numeralia parlamentaria y el carisma personal de inicio era lo menos difícil. El problema, ahora, es cómo enfrentar el reto de la brecha temporal entre las reformas y sus resultados, llámese competencia, educación, telecomunicaciones, energía, procedimientos penales, sistema financiero, trasparencia o amparo.

Por su naturaleza, en cuanto a inversiones esperadas, capacitación de recursos humanos, funcionamiento burocrático, —en el sentido veberiano—, el cambio cultural en la aplicación de observancia de la ley, la implantación de las prácticas para que la autoridad ejerza sus reformadas y nuevas funciones y los contribuyentes sepan acceder a sus beneficios y obligaciones son uno de los problemas mayores por el resto del sexenio.

Las reformas movilizaron a las élites, no a la población. Tampoco nos engañemos. El inevitable retraso entre la consecución de metas y la entrada en vigor de esas reformas abren un periodo de expectativas, por definición no satisfechas, que ponen en riesgo la continuidad de esas reformas e, incluso, a las reformas mismas.

Todas las reformas realizadas, aunque haya uno que otro que sostiene lo contrario, se han realizado en tiempo y forma como lo establece la ley. De fondo y en procedimiento. No hay una democracia efectiva y eficiente en donde se escuche todo, a todos, todo el tiempo. Hay momentos de elección, hay circunstancias de decisión del que fue electo.

Se han instaurado 11 reformas que modifican radicalmente el mapa de participación y decisión del proceso político en México. Vaya uno a saber si ese fue el diseño o tan solo la consecuencia. Pero la resultante es esa. Ha concluido la etapa de instauración de un nuevo modelo de sistema mexicano. Así de grave y trascendente. Al entrar a la fase de consolidación sería inadmisible titubear. Eso no quiere decir que no sea perfeccionable. Hay muchos ámbitos en donde se dio y tenía que darse casi un salto en la oscuridad como son competencia, telecomunicaciones y energía. Pero fueron mandato de la ciudadanía, del individuo votante, de pleno derecho, por lo menos desde 1996 y la reforma electoral de Ernesto Zedillo. Lo que está en juego ahora, y está en manos del gobierno conducir ese proceso, es que México pase de ser una sociedad de ciudadanía plena, que lo es, a un país de consumidores y no solo ciudadanos a la altura de los principios distributivos y eficientes de un Estado moderno. Para llegar a eso se requiere a partir de ahora, del gobierno, una muy democrática firmeza.

 

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