Sin coincidencias

Representación o consulta popular


La consulta popular es otro instrumento de democracia participativa y ciudadanización de decisiones. Es el mismo discurso que arropa, por igual, ese tipo de consulta, reelección consecutiva, cartas ciudadanas, cuartos niveles de gobierno y un largo etcétera del dilema histórico entre participación versus representación, mandato imperativo versus mandato representativo, relación directa electores-partidos versus electores elegidos.

La democracia representativa mexicana no nace ni corta su listón inaugural en las consultas y las reformas de 1977-1979; tiene un parteaguas importante si se considera el periodo de 1929-1996 de la fundación del PNR a la reforma político-electoral de Ernesto Zedillo.

El sistema mexicano de 1929 a 1977 tuvo un componente de genuina representación. Si no hubiera habido tal, no habría habido ni Milagro Mexicano ni la fascinación por México de politólogos americanos como Robert Scott, Frank Brandenburg, Vincent Padgett, hasta duros críticos como Roger Hansen. Incluso, en una óptica nacional y apartada del oficialismo, La democracia en México, de González Casanova, si bien conlleva una buena radiografía del autoritarismo mexicano, en sus principales facetas, puede vérsele, también, como un homenaje implícito a la estabilidad alcanzada por el excepcionalismo mexicano. Propios y extraños, todos coincidían: se requería pluralidad de partidos con genuinas diferencias y líneas de ruptura reales que estaban en la sociedad mexicana de entonces y apertura de acceso a la representación política formal. El tema electoral era y es, aunque sigan sin darse cuenta, un tema meramente instrumental y no un fin en sí mismo.

En aquel parteaguas reyesheroliano, las izquierdas y el PAN aprovecharon la formación y el oficio del secretario de Gobernación para darle un jalón importante a la representación política formal, lo que de manera contínua, a pesar de diferentes ritmos, prosiguió en los años subsecuentes hasta inmediatamente antes de la alternancia. A partir de 1997 y gracias al presidente Zedillo, el Congreso se volvió un factor de relativa y real autonomía en el equilibrio de poderes basado en la autenticidad de su representatividad. (Lo que por cierto, desde entonces, tiene indignados a los grupos de presión —los mal llamados poderes fácticos— y que ahora se anotan un punto a su favor con la reelección consecutiva. Al tiempo).

Hoy, los defensores de la democracia participativa, muchos de ellos integrados a la función legal y administrativa de la representación popular en el Congreso, critican con dureza la calidad de la representación y de su representatividad en sí misma, escudados en que los temas de “trascendencia nacional” deben estar sujetos a consulta directa. Quizá no minusvaloran la representación existente; sin duda idealizan e inventan para sí y sus personales preocupaciones y obsesiones a la sociedad así representada.

Un caso de consultas reales y de facto durante el siglo XX en temas de “trascendencia nacional” es, por ejemplo, la guerra. Para efectos prácticos, Italia y Alemania hicieron por más de un lustro una suerte de consulta popular diaria para terminar en la Segunda Guerra Mundial.En los tiempos actuales, un Estado democrático moderno no realiza una consulta para iniciar una guerra. La hace o no la hace el Estado representativo así constituido, pero no lo consulta. Es precisamente lo que el elector delegó en quienes deciden: la decisión de Estado.

Consultas hay muchas en diversos países democráticos y, casi todas ellas tienen que ver con una zona limítrofe gris entre moral pública y moral privada: drogas, juegos de azar,sociedades de convivencia, adopción de menores por parejas de homosexuales, la construcción de un estadio de futbol bis a otras opciones de obra pública. Son muchos los ejemplos. Ninguno en el que el Estado renuncie a decisiones importantes para las que fue elegido. Ahora representantes de las izquierdas que lucharon por la democracia representativa quieren ser sustituidos por una muchedumbre ciega, dada su incapacidad e impotencia para enfrentar con eficacia parlamentaria un principio de la historia democrática, que es la regla de la mayoría. 

valencia.juangabriel@gmail.com