Sin coincidencias

Representación y conflicto de intereses

Se ha escrito mucho en cortísimo tiempo sobre su actuación. Ya se sabe lo que ocurrió: se hizo pública una grabación telefónica en la que la diputada expresa que quiere participar en negocios hechos posibles gracias a la eventual entrada en vigor de legislación en cuya elaboración intervenía ella misma desde un rol no menor.

La búsqueda, en ocasiones fallida, de la corrección política a través de leyes y reglamentos puede llevar a negar realidades y nociones básicas, por no decir fundamentales de las distintas formas, naturaleza, alcances y restricciones en el ejercicio del poder. Y en el análisis político es preciso diferenciar las distintas modalidades del poder político aun cuando el establecimiento de diferenciaciones no sea una tarea simple ni inequívoca. A esas interrogantes y recuperación de conceptos generales remite el caso reciente de Purificación Carpinteyro.

Se ha escrito mucho, en cortísimo tiempo, sobre su actuación. Ya se sabe lo que ocurrió: se hizo pública una grabación telefónica, de suyo delictiva, en la que la diputada expresa su interés en participar en negocios hechos posibles gracias a la eventual entrada en vigor de legislación en cuya elaboración intervenía ella misma desde un rol no menor.

Desde un punto de vista reglamentario se ha razonado con fundamento que se advierte un conflicto de intereses, por lo que tendría que excusarse en la vista del tema, lo que ya hizo. Lo que puede estar infundado es esa reglamentación.

Está claro para el ciudadano común que si, por ejemplo, el director de compras de una secretaría de Estado es, a la vez, socio de un proveedor beneficiario de sus contratos y adjudicaciones existe un conflicto de intereses y debería excusarse. Se trata de un funcionario no electo, es decir, designado, pagado por una ciudadanía sin distingos y que, por tanto, debería adoptar decisiones con absoluta neutralidad e imparcialidad hacia toda esa ciudadanía que le paga por desempeñar esa responsabilidad. En ese sentido, la Administración Pública entendida como Poder Ejecutivo, en el óptimo, debería ser unitaria e indiscriminada en su encargo.

Eso no es tan sencillo determinarlo por lo que respecta a la función parlamentaria. Su esencia, en una democracia, es ser parte y no el todo. Su rasgo es representar a algunos y no a todos, incluidos los intereses personales conocidos que motivaron primero, su candidatura y después su elección.

Para el PRD, que postuló a la diputada, no era desconocida la polémica trayectoria de la ex subsecretaria de Comunicaciones que intentó —por cierto, sin éxito—sacar de la vida pública con una grabación telefónica a quien es hoy presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. El PRD no desconocía el pasado profesional de la ahora diputada. Para sus electores que hayan querido informarse era público el paso de Purificación Carpinteyro por empresas de comunicación como Movistar, Embratel, MCI Worldcom y Iusacell. Precisamente por esa trayectoria profesional es que como diputada su grupo parlamentario le encargó la Secretaría de la Comisión de Comunicaciones en la Cámara de Diputados. No se vale el autoengaño de que un representante de la Nación, postulado por un partido político en una sociedad plural y hasta polarizada en ciertos temas, no represente los puntos de vista particulares del grupo parlamentario al que pertenece y a sus propios intereses personales en la función que se le haya encomendado, siempre y cuando no esté en conflicto con los intereses de su grupo y de los electores que su grupo representa.

Por eso la reacción inicial de la diputada Carpinteyro fue lógica. Tenía derecho personal a pretender hacer lo que dice en la conversación, al mismo tiempo que en el tema representaba las filias y fobias de su grupo. Lo que no se vale es dar marcha atrás y argumentar que otros legisladores y personajes de la vida política cometen la misma falta que con torpeza y no buenas razones acabó reconociendo.

Un Congreso representa a la Nación. Eso dice la Constitución acerca del Poder Legislativo mexicano en su artículo 51, en el sentido de que es la suma, en conjunto, de las parcialidades de la población votante, parcialidades por las que fue electo y no para que renunciara a ellas y a esos intereses durante su mandato de tres o seis años.

El problema es que haya legisladores que oculten representar una trama específica de intereses y no la manifiesten. La expresión conflicto de intereses en el Poder Legislativo no puede ser equiparable en su significado cuando se aplica en el mismo sentido respecto de un funcionario del Poder Ejecutivo.

Está bien que la diputada Carpinteyro se excuse de la discusión de la Ley de Telecomunicaciones. Lo establece el reglamento; reglamento hipócrita que tuerce el concepto de representación e interconstruye en el trabajo legislativo la simulación y el engaño.

valencia.juangabriel@gmail.com