Sin coincidencias

Puede o debe cambiar

Hay quienes sostienen que el gobierno que encabeza Enrique Peña no puede seguir hacia adelante como si no hubiera sucedido nada y como si todo lo ocurrido en los dos últimos meses no representara una crisis cualitativa, si no del funcionamiento del Estado mexicano, sí en la funcionalidad del aparato gubernamental. La palabra clave de la afirmación anterior es si “puede” o no. El tema es muy discutible y me inclino a pensar que sí puede. Tal vez no deba. Pero esa es otra discusión.

Se acumularon muchos elementos, unos recientes y otros no tanto. Lo más cercano fue Tlatlaya, después Iguala y la explicación consecuente del procurador general de la República; posteriormente la revocación de la licitación ya adjudicada del tren México-Querétaro, la casa de Las Lomas, el viaje a China. Un saldo de violaciones a derechos humanos y desinformación intencional de la autoridad, a todos los niveles (Tlatlaya). Un autoritarismo de viejo cuño y carencia absoluta de cálculo político con modificaciones a planes de estudio y nuevos reglamentos de una institución educativa (IPN). Ilegalidad, opacidad y eventual conflicto de intereses en una licitación (el tren rápido). Una investigación judicial sólida y seria, pero tardía y no concluyente (la conferencia de prensa del procurador). Un bien inmueble con imprudencia presumido y cuya adquisición fue explicada a la opinión pública de tal forma que se requiere ser contador o financiero para entenderla (la casa). Una declaración patrimonial del presidente de la República a detalle con un atraso  de casi dos años.

La percepción de crisis provenía del acumulado de los hechos, sin considerar otros menos reclamados pero de importancia subyacente quizá hasta mayor, como es el estancamiento del consumo o un crecimiento económico inercial.  Eso sin considerar la aprobación de 11 reformas estructurales en 20 meses que de fondo entrañan una redistribución del poder económico y político en México.

El pasado 20 de noviembre, el país fue testigo de una manifestación organizada por profesionales de la movilización social e integrada por una ciudadanía agraviada por el tema de Iguala y quizá otros.

La explicación de la primera dama seguida de la declaración patrimonial del presidente de la República ya refleja un intento de separar la acumulación de demandas. En sus indagatorias, el procurador general de la República difícilmente puede ir más lejos antes de que los laboratorios austriacos ofrezcan el resultado de los análisis de los restos que se enviaron. A la hora de escribir estas letras, parece próxima una solución al conflicto politécnico. Al mismo tiempo, este mismo año se emitirá una nueva convocatoria para licitar el tren México-Querétaro.

En cada uno de esos frentes abiertos no hay razón para pensar que el gobierno no pueda seguir adelante sin mayores cambios. Es dable alegar una considerable pérdida de legitimidad por los dos últimos meses. Sin embargo, esa legitimidad fue utilizada en gran medida para lograr las reformas que ya fueron aprobadas. Si acaso se han reducido en alguna medida los márgenes de decisión gubernamental, que si las reformas aprobadas resultan conforme a las expectativas que se tienen de ellas, no requerirán de grandes decisiones. Ni siquiera de un Congreso afín, ya que hasta podría perder el gobierno la Cámara de Diputados en 2015, pero mantiene a un Senado alineado hasta 2018. De manera que el gobierno sí puede seguir adelante sin mayores cambios más que aquellos que casuísticamente vaya exigiendo el transcurso del tiempo.

A la pregunta de si el gobierno debe permanecer tal cual como se encontraba el día de la promulgación  de las leyes secundarias en materia de energía, habría respuestas muy encontradas. Quienes marcharon antier al Zócalo responderían que se requieren grandes transformaciones. No obstante, quienes se manifestaron no necesariamente representan a la mayoría nacional. Mucho menos tienen claro qué tipo de grandes transformaciones.

Todo lo ocurrido entre septiembre y noviembre revela no solo fallas del aparato gubernamental, sino fisuras legales y vacíos institucionales de los que 43 desaparecidos solo son la punta del iceberg.

Sería demasiado pedir que los partidos políticos en su conjunto, “los que mucho tienen”, gobernadores y presidentes municipales hicieran un mínimo ejercicio de autocrítica. El gobierno de Enrique Peña Nieto podría hacerlo y todavía pasar a la historia, para bien.

valencia.juangabriel@gmail.com