Sin coincidencias

Pobreza sin debate

No se pueden hacer —materializar sería más correcto— de la noche a la mañana transformaciones institucionales. Lo que sí se puede, de un día para otro, es decidir transformaciones institucionales, aun cuando el proceso de alcance y aplicación de esas transformaciones sea de mediano y largo plazos. A la mitad de su sexenio, la administración del presidente Peña podría hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el sentido y el marco institucional, en su conjunto, de lo que hace y deja de hacer el Estado mexicano frente al problema de la pobreza y de la pobreza extrema.

Desde la mujer tlaxcalteca que hacía llorar al presidente López Portillo y que lo llevó a la creación de Coplamar para utilizar un excedente petrolero que abortó, desde entonces el Estado mexicano, parece andar sin brújula ante lo que coloquialmente y cotidianamente se vive en un entorno signado por la miseria y la falta de oportunidades. De Coplamar a Sedesol podría escribirse una larga historia de prueba y error, en la que periódicamente la prueba se desecha y el error se acumula de manera exponencial.

Muy lejos quedaron los días en los que la tecnocracia de ingenieros de las secretarías de Obras Públicas y de Recursos Hidráulicos se ocupaba de hacer presas y caminos para dotar de capacidad económica y productiva a la población marginada del país, especialmente en zonas rurales, mientras que en zonas urbanas el desarrollo estabilizador rendía sus frutos y la clase media crecía a la par de sus expectativas fundadas.

Con el paso del tiempo, la pobretología creció en prestigio en proporción inversa a sus resultados, con notables excepciones de altura teórica y práctica, casi siempre en manos de economistas. Y así como en el pasado administrativo del Estado mexicano se hacía la broma de que la Secretaría de Recursos Hidráulicos era el Ministerio de Riego y la de Agricultura la de Temporal, en la fase contemporánea hemos llegado al absurdo, y según las estadísticas inconducente, de un variado conjunto de secretarías abocadas al desarrollo económico y una dedicada a la atención de pobres.

Enfrentar la pobreza debería ser, y no lo es, una tarea transversal del aparato administrativo del Estado. Desde hace mucho tiempo, décadas, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda (sobre todo en su vertiente fiscal) deberían haber sido los ejes fundamentales de ese esfuerzo, apuntalados en políticas integrales de población (no solo tamaño) y salud y seguridad social, agrupados en patrones racionales y de interés público de poblamiento geográfico.

Nada de eso existe. No hay una concepción de Estado de creación de capital físico, capital social y capital humano y que articule esas tres vertientes.

En el reciente informe anual del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, los expertos del Coneval relativizan los resultados ofrecidos resaltando el tema “de los claroscuros”. Los funcionarios de Sedesol defienden su gestión y subrayan avances de décimas porcentuales. Los partidos políticos opositores sentencian el fracaso de las metas cuantitativas alcanzadas. El único tema que no está a discusión es la política social misma y su concepto de raíz. La sola reflexión a partir de cero de qué política social requeriría México de fondo sería una reforma estructural, quizá la más importante, en justicia y eficacia, del gobierno de EPN.

 

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