Sin coincidencias

Parálisis

En los últimos días han subido de tono las declaraciones empresariales contra la movilización magisterial. Se han denunciado los daños ocasionados por los bloqueos carreteros y de líneas férreas, así como la interrupción de actividades aeroportuarias en diversas partes del sur del país. Fuentes patronales hablan de perjuicios por más de 10 mil millones de pesos. Se le exige al gobierno endurecimiento y resultados prontos en el diálogo que sostienen la CNTE y la Secretaría de Gobernación. No se puede ni una cosa ni la otra.

El endurecimiento en la aplicación de medidas de contención física de las movilizaciones es inviable por la falta de un mínimo consenso social respecto del ejercicio de la fuerza. Durante décadas, no es de ahora, el gobierno mexicano ha sido incapaz de articular un discurso alternativo al de la rebelión magisterial. La mayoría de la población no compartiría la idea de que se trata en su carácter esencial de delincuencia y crimen organizado. El gobierno de la República desde el siglo pasado dejó correr la idea de que se trata de una inconformidad al interior de un sindicato corporativo y clientelar controlado por el Estado lo que de alguna manera legitima las acciones de la CNTE. Nunca se hizo un ejercicio sistemático y constante para convencer a la opinión pública de que se trata de una insurgencia ilegal como ilegítima. Pedir después de 30 años que la palabra represión sea públicamente aceptable está fuera de discusión. El gobierno jamás construyó una narrativa distinta a la de los inconformes. Lo acabamos de ver con los sucesos de Nochixtlán.

Constitucionalistas e historiadores han discutido en algunos momentos sobre el derecho a la revolución. Es opinable. Pero si se afirma, también se tiene que asumir sus riesgos y sus consecuencias. No está a discusión la reforma educativa. La insurrección viene de antes y su abrogación ahora es una coartada discursiva más en una nueva etapa de un conflicto que viene de tiempo atrás y que supone un rechazo de conjunto al Estado mexicano. Y eso tampoco se puede resolver en mesas de diálogo que como su nombre lo indica, supone la utilización de herramentales democráticos y progresivos excluyentes del instrumental revolucionario.

Es así como el Estado está impedido de recurrir a la fuerza y está imposibilitado por definición de concretar acuerdos que desactiven el conflicto.

Construir una narrativa alterna toma años que tendrían que estar acompañados del gradual aislamiento social del movimiento apostando, a la vez, a que la demografía haga su parte, con el envejecimiento y muerte de los liderazgos. Todo ello acompañado de la cooptación de nuevos cuadros y de incentivos excepcionales a las facciones rivales en esos territorios como es el caso de la sección 59 bis a bis la sección 22 en Oaxaca.

Es obvio que para la disidencia el movimiento actual implica cierto desgaste sin que sufra un daño decisivo. El diálogo para acuerdos marginales sirve para posponer la necesidad imperiosa del uso de la fuerza, aunque algunos grupos, empresarios entre ellos, así lo exijan. En esa situación, el gobierno pone los costos políticos y la iniciativa privada, los costos económicos. Pero un escenario distinto para un gran segmento de la opinión pública sería intolerable. En conclusión, estancamiento y desorden socialmente manejables.

valencia.juangabriel@gmail.com