Sin coincidencias

Gobierno y opinión pública

Es inacabable y prácticamente imposible de concluir un debate de fondo en toda democracia real sobre la prelación entre el acto de gobierno y sus contenidos, por un lado, y la opinión pública y sus percepciones, por otro lado.

Bien decía Schumpeter: “La democracia no significa ni puede significar que el pueblo gobierna efectivamente en ninguno de los sentido evidentes de las expresiones ‘pueblo’ y ‘gobernar’”. Pero como añadiría Edurne Uriarte: “La democracia significa tan solo que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernarle. Pero como el pueblo puede decidir esto también por medios no democráticos en absoluto, hemos tenido que estrechar nuestra definición añadiendo otro criterio identificador del método democrático, a saber: la libre competencia entre los pretendientes al caudillaje por el voto del electorado”.

Si se aceptaran esas premisas —y solo si se aceptaran—, el estado de la opinión pública es solo uno entre tantos métodos de evaluación de los resultados, tiempos y calidad de los procedimientos de un gobierno. Un método más, no el único, pero valioso y atendible, sin duda. Sin embargo, son dos cuestiones que se tienen que considerar en sus propios méritos y no en el conjunto de ambos.

El acto de gobierno, bien concebido, debería llevar interconstruida la aspiración a la durabilidad y el rechazo, entre otras cosas, a la inmediatez. En cambio la opinión pública es un fenómeno oscilante, por no decir efímero. Un suceso mediático por fútil que sea puede hasta invertir las tendencias de opinión. Un simple evento por ruidoso que sea, salvo muy contadas excepciones, no debería alterar el curso de una decisión política predeterminada en la búsqueda de cierto objetivo.

En la época contemporánea, y México no escapa a esa condición, el problema entre el curso gubernamental de acción y la tendencia de la opinión pública es de gran complejidad y lo es aún más si se ignoran las diferencias de ambos planos o, peor, si no solamente se entrelazan, sino que se confunden los roles funcionales de esos fenómenos analíticamente diferentes.

En los últimos días se han escuchado duras críticas a los contenidos de iniciativas legislativas del Ejecutivo federal y al sinuoso camino que esas iniciativas han seguido en el ámbito del poder Legislativo, no únicamente en cuanto a contenidos sino también tiempos. Ha habido expresiones de rechazo, todas ellas legítimas y válidas dentro del espacio democrático, pero que no por su validez y legitimidad pueden aspirar, necesariamente, a la prevalencia de su juicio. Ésa es la esencia del principio mayoritario; ése es el modo en el que tienden a actuar las mayorías legislativas en un sistema presidencialista, de partidos relativamente fuertes y en el que son los dos poderes, Legislativo y Ejecutivo, electos de manera simultánea, al menos al inicio del mandato presidencial.

Es curioso: durante décadas se atacó al Congreso por su relativa inutilidad frente a un presidencialismo que lo había avasallado. Ahora se le critica con dureza porque discute, decide y se convierte en factor del acto de gobierno. Y no puede ni debe renunciar a esa postura.

Los problemas estructurales de una sociedad y de un sistema político, los problemas de fondo se generan cuando los responsables de gobernar desvirtúan el sentido y la oportunidad temporal de su decisión en función de las oscilaciones de la percepción pública. Y no puede hacerlo, tampoco, ya que se abre un vacío provisional a ser llenado por la manipulación de la opinión pública e intereses personales y grupales no manifiestos y no públicos. Y en este último punto no cabe lugar al autoengaño: los representantes de la nación representan no solo a los votantes. Su exposición pública debería hacer transparentes, también, aquellos intereses que han acompañado su biografía política y personal, concretos, específicos, con nombres y apellidos que acompañan cualquier carrera política de cualquier político profesional aquí y en China, a menos que hubiera ciudadanos químicamente puros que al no representar interés alguno, por ese solo hecho, vaciaran el sentido del concepto de representatividad.

Sacar adelante y concretar las reformas estructurales requeridas por el país no podía ser un día de campo. Si así fuera, hace mucho tiempo que se hubieran hecho o no serían estructurales, para el caso. Tiempos de una opinión pública revuelta y escéptica que de manera explicable exige resultados tangibles e inmediatos. Todavía no.

valencia.juangabriel@gmail.com