Sin coincidencias

Fin de año tardío

Severa lección el último trimestre de 2014. Asimilable y capitalizable si el gobierno de EPN elude tanto el cinismo como el catastrofismo. Hicieron mucho, casi lo inimaginable en los 18 meses previos como para dejarlo a un lado.

El 2014 mexicano, en términos históricos, concluyó el 27 de enero de 2015. Es cierto y así lo hizo saber el procurador general de la República, que a reserva de complementar y perfeccionar la investigación judicial del caso Iguala, la verdad histórica, controvertida durante cuatro meses, es un hecho.

Hay muchas lecciones que el gobierno de EPN tendría que haber aprendido y rápido. El proceso de toma de decisiones fue un desastre, en balance.

Tlatlaya fue el 30 de junio. Veintiún ejecutados bajo el paraguas de la lealtad de las fuerzas armadas y estalló el escándalo en septiembre. Varios habíamos señalado la inverosimilitud de los dichos del Ejército y no fue hasta que un medio de comunicación extranjero apuntó a la verdad. Era la colusión de autoridades en una ejecución colectiva. La credibilidad de la autoridad estaba rota. Todo lo que siguiera habría de estar sujeto a duda. Lo que fuera. Todo. Y no nos confundamos: fue el Ejército. No en balde, en un solo día posterior a esas revelaciones, removieron al subsecretario de Defensa, al oficial mayor, al contralor general del Ejército y al jefe del Estado Mayor de la Defensa. Fue un gravísimo error y negligencia. Un crimen. Y lo que siguió fue peor.

El precio del petróleo comenzó a caer en más de 1% diario desde junio. Estamos en 39 dólares. El secretario de Educación Pública y la directora general del Politécnico el 25 de septiembre anunciaron reformas profundas a los estatutos del Instituto Politécnico Nacional. A una semana de la conmemoración políticamente infantil, así como peligrosa, del 2 de octubre. El 26 de septiembre, Iguala. Lo sucedido podía haberse impedido. Aun cuando se diga lo contrario, el aparato de inteligencia política y policiaca de México estaba y está suficientemente dotado para que no hubiera sucedido lo que ocurrió. Intereses políticos prevalecieron por encima de la información previa. Aislado el evento de Iguala, lo acontecido la noche del 26 de septiembre, suponiendo la carencia de información previa, inaceptable, era imposible que el gobierno federal lo hubiese impedido. La tardanza de diez días para su intervención directa puede estar fundada en derecho, mas no en sentido común. Basta contrastar lo que sucedió antier en el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa. Era obvio. Es mejor, en cualquier circunstancia, asumir el peor escenario que dejar a una autoridad local, así sea el Distrito Federal, la atención inmediata de una contingencia de gravedad. En Iguala, sin conocimiento en firme del destino de los 43, ya se había producido la muerte por disparos policiacos de seis personas. La situación no dejaba lugar a dudas. ¡Ah! Pero había que contemporizar por intereses políticos.

El 7 de noviembre reventó la licitación del tren México-Querétaro. En boca del secretario de Comunicaciones y Transportes, la adjudicación fue legal, pero la revocación no fue en el mejor interés de México. El mismo día, la casa de las Lomas y el viaje del Presidente de la República a China, aprovechando la ocasión para explicarle al gobierno más corrupto del mundo, los chinos, la razón por la que se tomó la revocación.

Repasen y vamos para adelante.

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