Sin coincidencias

Dialoguismo delincuencial

Acuciado por la crisis económica, la corrupción y la progresiva consolidación de la izquierda como organización política legal, con el añadido de las reales y falsas culpabilidades gubernamentales del 68, fue en el sexenio de Miguel de la Madrid cuando se instauró por necesidad coyuntural la práctica perniciosa, convertida al paso de los años en regla, de que a todo conflicto corresponde una “mesa de diálogo” que sujeta, condiciona y con frecuencia exceptúa la aplicación de la ley. Es así que en muchos casos el cumplimiento de la ley se pacta con la autoridad o se incumple sin sanción. Agréguesele la muy deficiente actuación de la autoridad, incluido el Ejército, durante los sismos de 1985.

La necesidad de coyuntura de una práctica provisional, como todo lo que es provisional en México, se volvió permanente. De ahí en adelante. Además, la delincuencia individual practicada por más de 10 gentes en grupo se convirtió en movimiento social. Conflictividad social, diría el comisionado Alfredo Castillo, no inseguridad, en referencia a los hechos recientes ocurridos en Apatzingán, donde las grabaciones de las comunicaciones de radio entre los protagonistas no dejan la menor duda de que quienes habían tomado la alcaldía integran una banda de crimen organizado. Hubo 44 detenidos; 43 ya están libres.

Tiene cierta razón el comisionado Castillo cuando en su intuición sociológica, que no en su saber jurídico, dice que se trata de conflictividad social. En efecto, la simple delincuencia ha alcanzado el rango de conflicto colectivo. Es un conflicto que la autoridad en los hechos así lo reconozca y actúe bajo esas premisas y llegue a esas conclusiones. Es un conflicto para millones de mexicanos que la autoridad renuncie a serlo. Y llegamos a Iguala.

El 26 de diciembre pasado un puñado de delincuentes atacó la sede de la Zona Militar en Chilpancingo. No pasó nada. El 12 de enero repitieron sus acciones contra el Cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Insatisfechos, dos horas después, hicieron lo mismo, otra vez, en la Zona Militar de Chilpancingo. ¿La explicación? El Ejército tiene a los 42 normalistas desaparecidos, porque uno está perfecta y científicamente aparecido. Las imágenes son elocuentes: no hay una línea de defensa policiaca de interposición entre los atacantes y el Ejército. Eso no es responsabilidad de los atacantes, sino del gobierno federal. ¿Imprevisión gubernamental o soberbia militar? Da lo mismo. Es el gobierno que propicia condiciones que a su vez le obligan a buscar soluciones políticas por encima de la ley.

La solución política encontrada es invitar a familiares de los desaparecidos, a sus instigadores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una visita guiada en el Campo Militar de Iguala. Uno se pregunta qué general diplomado del Estado Mayor devendrá guía de turistas de aprendices de guerrilleros o de guerrilleros a secas para probar que si no están y siguen vivos, ya los escondieron en otra parte; que si están muertos, ya los enterraron vaya uno a saber dónde, y que si no es ni uno ni otro caso, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Se los deben haber regalado a los gringos para repoblar Guantánamo.

Es un escándalo que el gobierno haya aceptado y que el Ejército lo haya de permitir. (También se lo ganaron por mentirosos con el precedente inmediato de Tlatlaya. No hay lugar para que el general-secretario se enoje en sus discursos. Él tuvo que haber sabido del embuste de Tlatlaya y tuvo que haberse coludido en la mentira con el Gobernador del Estado de México).

Los ataques a los cuarteles han sido y son delincuencia organizada. Hay que llamarles a las cosas por su nombre. El gobierno afirma que ya no habrá más tomas de carreteras. Claro que no las habrá. Es más rentable apropiarse de la renta pública del peaje y asaltar transportes privados que ofrecen mercancías y servicios. Y si se trata de evitar manifestaciones y una peligrosa convergencia estudiantil con otras causas, pues hay que destituir a 24 directores de planteles politécnicos. Pero no es suficiente. Quieren 30 y se los van a dar.

Una buena definición de gobernabilidad democrática es que la ciudadanía haga lo que quiera siempre y cuando como gobierno dejen hacer lo que quiere. Todos en paz. Cuidado. En cuanto a prioridades se puede tener toda la razón en todo y, aun así, la soberbia y la legitimación de la impunidad colectiva e individual deberían tener un límite.


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