Opinión

Una sociedad de derechos

México, en materia de derechos humanos ha hecho grandes avances, pero falta profundizar y extender a los tres órdenes de gobierno esta visión de país moderno. Los servidores públicos son llamados a ser los primeros en respetar y hacer respetar las garantías fundamentales

El máximo nivel a que debe aspirar toda nación democrática, como derecho y como obligación, es alcanzar el total respeto y protección de los derechos humanos de sus conacionales. De nada sirve tener un sistema electoral perfecto, desde un punto de vista formal, si los agentes del Estado no observan una conducta intachable en este sentido. De igual forma, los deberes en la materia deben ser un férreo compromiso permanente e irrenunciable para todos los integrantes de los tres órdenes de gobierno.

Estas fueron las ideas que prevalecieron al presentarse el Informe de Actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, ante un marco plural y republicano, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto; Plascencia dio cuenta tanto de las actividades realizadas por el órgano mexicano procurador de la observancia a la protección de derechos humanos, así como de la acciones oficiales para ir mejorando su actuación en el ámbito del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Y no podía haberse dado este informe en un momento más oportuno, dado el complejo momento por el que se atraviesa, debido la estrategia para Michoacán y el galimatías que representa para el Estado Mexicano la existencia de las autodefensas locales. Porque este tema salió a flote y permitió contrastar el presente con el pasado, sobre todo en el papel que desempeña actualmente el Ejército en la lucha anti crimen. Mucho hemos insistido que el resultado que se obtenga para la entidad michoacana, será definitivo para el resto del país que vive en condiciones similares, ante la embestida e influencia de las bandas delictivas. ¿Pero cómo pensar en sacudir de tajo todas las estructuras infiltradas por el crimen organizado usando la fuerza del Estado sin el riesgo de afectar a los inocentes? El inicio de la guerra contra el narco que se dio en el sexenio pasado, significó también que las denuncias por violaciones a los derechos humanos aumentarán exponencialmente en contra de las fuerzas castrenses. Sin duda que un frío análisis concluiría que, después de la erosión del Estado de Derecho y el altísimo daño por efectos colaterales, que el precio pagado no sirvió de nada, si al 2014 Michoacán estaba igual o peor que en el 2006 cuando llegó el ejército a las calles.

Es claro que los soldados solo cumplen órdenes y que el carácter y objeto de estas fuerzas no son el combate al crimen o realizar actividades policiales. Cuando en el sexenio pasado recibieron la instrucción de realizar estas funciones, no estaba preparado para tomar tal papel en un escenario donde conviviría con civiles inocentes. Esto ocasionó el surgimiento de la problemática que hoy, satisfactoriamente, ha disminuido, ya que tal como lo informará el ombudsman mexicano en su informe de actividades, hasta en un 50 % se redujo el número de denuncias en contra del ejército mexicano por violaciones de derechos humanos en contra de ciudadanos. Este es un mérito de las fuerzas militares ya que hicieron grandes esfuerzos para capacitar a sus elementos en dichos temas y así dar una nueva imagen, con lo cual se mejora su activo papel en la lucha contra las lacras de la sociedad mexicana.

Pero también comentamos que el escenario michoacano obliga a revalorar el Estado de Derecho. Es indudable que la descomposición de las instituciones formales, permitió un avance silencioso, pero muy profundo de los tentáculos delictivos, hasta lograr que se apropiaran de gran parte del territorio, de actividades económicas claves y de poblaciones enteras. Cortar estos tentáculos no será fácil, de ahí el valor de la concepción de una estrategia integral que permita basar la intervención del gobierno no solo en el uso de la fuerza, sino además en la reconstrucción del tejido social, soportado éste en un desarrollo social incluyente. Así, la presencia de las llamadas autodefensas, ha sido tratada con gran inteligencia ya que no fueron desaparecidas sino entendidas como una expresión legitima –más no legal- de la desesperación ciudadana debido a su impotencia ante la falta de respuesta oficial. Pero se llegó el momento de hacerlas pasar a la trasparencia institucional como coadyuvante de la transformación michoacana.

México, en materia de derechos humanos, ha hecho grandes avances, como reconoció Raúl Plascencia. Pero falta profundizar y extender a los tres órdenes de gobierno esta visión de país moderno y en este orden de ideas; en el mismo acto el Presidente Peña Nieto hizo un llamado a que todos los servidores públicos sean los primeros en respetar y hacer respetar los derechos fundamentales, como el camino que permita convertir a México en una sociedad de derechos y en la que todos, sin excepción, gocen del ejercicio pleno de sus derechos y libertades.