Opinión

El seguro de desempleo y la pensión universal

Es un fuerte impulso a la protección de los mayores de 65 años, con un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios, que sean compatibles con las pensiones que ya se otorgan, que se incluyera gastos funerarios y se redujera el tiempo para la transferencia de la operación de este programa de la Sedesol al IMSS.

La semana que acaba de finalizar fue testigo de hechos importantísimos en los anales de las conquistas y logros sociales nacionales, ya que fueron aprobadas tanto la Ley de Pensión Universal y algunos cambios en cinco leyes relativas a la seguridad social, con lo que se establece el Seguro de Desempleo.

Estos grandes actos legislativos marcarán el rumbo de la protección social en México y son consecuencia de la Reforma Constitucional aprobada en la Cámara Baja el año pasado y que aún está pendiente por resolver su trama constitucional en el Senado. Pero esto no obsta para avanzar en la instrumentalización de los derechos universales a través de las modificaciones a las leyes encaminadas a la protección de las personas.

El hacer que los derechos sociales consagrados en la Carta Magna de nuestro país transiten en acciones materiales palpables, es uno de los más grandes retos que tiene el estado.

Siempre ha sido muy fácil el discurso revolucionario pero cuando éste se enfrenta ante las estrecheces que significa los temas mundanos como el presupuesto y la operatividad de los programas, viene el gran ejercicio de hacer compatible la realidad con lo ideal. Por eso es indispensable transformar principios básicos en reglas operativas claras y transparentes.

El seguro de desempleo tendrá una duración de máximo seis meses y solo podrá accederse a él una vez en cinco años


Es el caso de la nueva Ley de Pensión Universal, que parte de una iniciativa presentada por el Ejecutivo desde octubre pasado y la cual fue enriquecida por los distintos partidos políticos, dando como resultado una nueva normatividad que permitirá dar un fuerte impulso a la protección las personas de la tercera edad, mayores de 65 años, con un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos, que sean compatibles con las pensiones que ya se otorgan en los gobiernos locales, que se incluyera el pago de los gastos funerarios y se redujera el tiempo para la transferencia de la operación de este programa de la Sedesol al IMSS.

Su operación ya quedó contemplada a nivel presupuestal este año, a partir de que la ley concluya su aprobación, promulgación, publicación e iniciación de vigencia, quedando institucionalizada. Es decir, con esto se le da fuerza de ley al actual programa operado por Sedesol de Adultos Mayores y hace que pase paulatinamente de 580 pesos mensuales a mil 92 pesos. Además, se previó el ajuste de edad conforme a un coeficiente que toma en cuenta la expectativa de vida.

Por su parte, el seguro de desempleo fue objeto de un fuerte análisis durante el proceso de votación en la Cámara Baja, dado que se contempla financiar parte del recurso con fondos provenientes de la subcuenta de vivienda que tienen los trabajadores cotizando y que para tal fin se creará un fondo mixto donde se canalicen dichos recursos más una aportación solidaria de hasta 9 mil millones de pesos del gobierno de la República.

Este fondo sería administrado por el IMSS y por el ISSSTE conforme a la aplicación de sus leyes. Los posibles beneficiarios serían aquellos trabajadores que se quedaran sin empleo y no cuenten con pensiones o jubilaciones y que hayan estado mínimo dos años en sector formal. El seguro tendrá una duración de máximo seis meses y solo podrá accederse a él una vez en cinco años. Gracias a este seguro y durante su vigencia, el trabajador recibirá una parte proporcional de su último sueldo.

Es claro que el dar forma a lo mandatado en la Constitución, requiere de un gran esfuerzo presupuestal, tal y como se justificó durante la discusión de la Reforma Fiscal aprobada el año pasado. Y tal vez, más allá de la polémica de los montos otorgados y de las formas de financiamiento propuestas, lo que es digno de celebrarse es que este gobierno y su presidente cumplen compromisos reflejándose en nuevos instrumentos de política social que permiten a nuestro país mejorar su red de cobertura y protección universal, como siempre, en atención de las causas de la clases sociales mayoritarias.