Opinión

Hacia un registro único en programas sociales

El éxito de los programas sociales depende en gran medida de identificar a la población que enfrente la problemática que dichos programas quieren solucionar. A los métodos que identifican en el territorio a las personas que necesitan ser apoyadas se les denomina métodos de focalización.

Como bien es sabido, los programas sociales siempre conllevan el riesgo de excluir a personas que se deberían apoyar o incluir a personas que no deberían de recibir los apoyos. Una adecuada focalización contribuye a reducir ambos riesgos.

El día 19 y 20 de junio del presente mes, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en conjunto con el Banco Mundial, llevó a cabo el Seminario Internacional sobre Integración del Registro Único de Beneficiarios en los Sistemas de Información Social. En dicho evento se identificaron las mejores prácticas en materia de focalización, con énfasis en la generación de un sistema de protección social. Esta última es el conjunto de intervenciones públicas dirigidas a mejorar el manejo de los riesgos que enfrentan las personas: riesgos de experimentar pobreza, desempleo, enfermedades, problemas asociados a la edad o al ciclo de vida, así como cualquier evento que ponga en riesgo su bienestar (desastres, crisis económicas, conflictos).

El gobierno federal ha insistido en la importancia de diseñar políticas con un enfoque de derechos que genere una red de protección social para las personas en pobreza o vulnerabilidad. Identificar de mejor forma a las personas beneficiarias de programas sociales federales, estatales y municipales contribuiría a un sistema de protección social pues permitiría que se conozca cuántas personas reciben beneficios de programas sociales; qué tipos de apoyos reciben; cuántos programas las apoyan; saber si reciben apoyos para solucionar un mismo problema; así como identificar las características socioeconómicas de las personas beneficiarias.

Lo anterior permitiría diseñar mejores herramientas y mecanismos de protección social. Al identificar si una persona recibe dos o más apoyos de distintos programas se detectarían duplicidades que podrían eliminarse, reduciendo la carga al erario público. En caso de que la persona reciba apoyos por parte de programas con fines distintos, se podría fomentar que dichas intervenciones se complementen, potenciando el efecto de ambos apoyos. El registro único contribuiría a la transparencia en el ejercicio de recursos, pues se sabría el tipo de apoyo que reciben, los montos de éstos y de dónde provienen (orden federal estatal o municipal). Al integrarse en un solo sistema de información, se contaría con una herramienta de rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno.

Entre los aspectos que deben privilegiarse en la construcción de un registro único se encuentra los generar un compromiso político para que los tres órdenes de gobierno compartan la información y se comprometan a contar con registros precisos de su población atendida. El registro podría fracasar si no se generan los incentivos correctos a la colaboración, explicando de manera clara que compartir información genera beneficios de una menor carga presupuestaria (al evitar duplicidades) y una atención integral a las personas (complementando inversiones locales con federales). No debe privilegiar un interés de partido o ideología; los beneficios de una mejor articulación en la planeación serán para las personas beneficiarias, en primera instancia.

El sistema de registro requiere de un manejo y gestión de datos complejo, pues tendría que integrar información federal, estatal y municipal. Es necesario contar con personal técnico especializado en el manejo de datos socioeconómicos. La Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol cuenta con autoridad en la materia, apoyada por organismos especialistas en el combate a la pobreza, como el Banco Mundial. La integración progresiva de la información es un aspecto que requiere de tiempo y coordinación gubernamental, en este sentido ya se han firmado convenios con los gobiernos locales.

La política social de nueva generación que el presidente de la República ha impulsado exige que las personas sean el eje del diseño de políticas públicas. El registro único permitiría diseñar y articular mejor las acciones que los atienden a lo largo de sus distintos ciclos de vida, en sus entornos territoriales específicos y con énfasis en sus necesidades particulares. Hoy más que nunca se requiere de un esfuerzo coordinado para atender integralmente el fenómeno de la pobreza, identificándola a nivel de las personas en territorios específicos. Aunque la focalización pueda parecer muy técnica, es otra forma de mover a México para combatir efectivamente la pobreza.