Opinión

Michoacán: la fuerza de la ley o la ley de la fuerza


Michoacán vive una realidad muy complicada. Resulta claro que la génesis de una problemática tan compleja no se dio de manera reciente, sino que hay trasladarnos a varias décadas atrás –sin exagerar- para entender cómo se fueron dando los factores que han propiciado la grave descomposición social que vive el Estado. Más allá de repartir culpas, con cargas de tinte partidista, una revisión retrospectiva revela que las condiciones socio económicas del Estado, más una serie de yerros institucionales, crearonvacíos de poder que fueron ocupados, poco a poco, por redes de criminales sin escrúpulos. Esto que ha sido comentado en los últimos días casi unanimente por especialista y medios de comunicación, poco abonaría si no se traslada a un marco que permita encontrar soluciones.

Desconcierta entender como en el México del siglo XXI, mexicanos tengan que armarse y ostentarse así, púbicamente, para exigir el respeto a sus derechos y dignidad, tal como los integrantes de los autos defensas argumentan a favor. Las historias dramáticas que han contado, de los motivos que los orillaron a iniciar este movimiento, van desde la conmovedor hasta lo desgarrante, por los cuadro de violencia y abuso que describen vivieron ellos, familiares cercanos y vecinos a manos de los criminales que se fueron adueñando de municipios. A su vez, las notas que filtran posibles móviles de financiamiento dudoso a las auto defensas, están latentes en diversos medios y no dejan de sembrar la duda en, por lo menos parte, la legitimidad de las acciones de los grupos armados.

Y en medio de este galimatías, se encuentra el Estado Mexicano, no solo el gobierno de la entidad. Porque la violencia en Michoacán dejó de ser una problemática local hace tiempo, para convertirse en un asunto de seguridad nacional. Aunque algunas voces desestiman la magnificación de las acciones queriendo llevarlas al amarillismo mediático, es innegable que la respuesta que den de manera coordinada Federación y Gobierno del Estado, significarán enderezar el cauce no para una sola entidad, si no evitar la propagación un fenómeno social de magnitudes incalculables en este momento. Pero esta respuesta debe partir del posicionamiento que tome ante los bando en conflicto, ya que el buscar que impere la ley sobre cualquier otra razón, es determinar que las auto defensas están al margen del Estado de Derecho y permitir su actuar público es reconocer la ausencia de poder y propiciar la prevalencia de la ley del más fuerte, reconocer que el único camino del ciudadano es hacerse justicia por su propia mano y aceptar el fracaso de las instituciones, dando un mensaje nefasto a manera de ejemplo para otras regiones que incuban problemáticas similares. Por otro lado, el reprimir a mexicanos que buscan formas alternativas para proteger sus bienes y personas, propicia una imagen negativa tal y como los eternos críticos que están en contra de todo y a favor de nada, se encargan de recrear y demeritar, lo cual –por cierto- tampoco contribuye en algo.

Así, y dada la magnitud del problema, el Gobierno de la República ha tenido que tomar decisiones para apoyar a la entidad orientándose a marcar una ruta que contribuya a resolver de fondo este escenario tan complejo, evitando que contamine a los estados vecinos y empezar por cambiar la percepción nacional sobre el tema del combate al crimen organizado y consecuente violencia e inseguridad. De la forma que se resuelva Michoacán podremos hablar de una estrategia nacional más exitosa, que hable que el gobierno va marcando el rumbo que desea y no estar sujeto a los vaivenes, como sucedía en el pasado. Es muy cierto que Enrique Peña Nieto le ha apostado a impulsar la prevención del fenómeno delictivo, más que el actuar represivo del aparato policial. Pero en el caso de Michoacán, deben tomarse medidas más urgentes. Muy interesante que el discurso del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong no deja de lado la pauta de consenso del actual gobierno, pero junto con la firmeza de la aplicación de la ley. Ese ha sido el mensaje a los líderes de las autodefensas michoacanas. De igual manera, el nombramiento de Alfredo Castillo, como encargado plenipotenciario del Gobierno Federal en la entidad, significa la firme voluntad de EPN no deja solo al pueblo de Michoacán ni a su gobierno, pero al tiempo que se define una estrategia integral, en donde la reconstrucción del tejido social será fundamental.

Este nuevo reto del gobierno de la República es de gran proporción y significará avanzar en la meta de lograr un México en Paz. Hoy más que nunca somos solidarios con los mexicanos que habitan en Michoacán.