A contrapié

Contra la usura

El Congreso del Estado ya hizo suya la iniciativa que la semana pasada presentó al pleno el diputado Shamir Fernández Hernández encaminada a abatir la usura.

No podía ser de otra manera, pues si bien la usura, entendida como el cobro excesivo de intereses en un préstamo, está penada desde tiempos inmemoriales los prestamistas usureros le sacan la vuelta a las normas para enriquecerse a costa de la necesidad e ignorancia de la gente muy necesitada.

Se busca, de acuerdo con la propuesta del legislador priista, que el Congreso Local convenza al Congreso de la Unión de realizar modificaciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, al Código de Comercio y al Código Civil Federal a fin de inhibir la usura.

En su obra El delito de usura en México, David Cienfuegos Salgado establece que “la usura, práctica común en nuestros días, merced a sus disfraces, pocas veces es sancionada ya sea en lo civil o en lo penal. Y aun si revisamos la doctrina, encontraremos pocos trabajos que abordan esta figura delictiva.”

El abogado se remite a una acción del Benemérito de las Américas, en la que “el Presidente Juárez obtuvo del Congreso una nueva derogación de las leyes que restringían la estipulación de intereses, dejando explícitamente la fijación del interés a la voluntad de las partes. Este decreto fue elaborado siendo ministro de Justicia Ignacio Ramírez y de Hacienda, don Guillermo Prieto. El planteamiento contenido en este  decreto se mantendría en el Código de 1870”.

De tal manera que la iniciativa de Fernández Hernández persigue  cerrar las puertas definitivamente a los prestamistas que incurren en una usura que sobrepasa el anatocismo y muchos abusos más, valiéndose también de la complicidad de autoridades judiciales. En la práctica es posible que un deudor pierda su casa después de cinco u ocho años de haber comprado unos zapatos a crédito.

La iniciativa está  encaminada precisamente a que los órganos jurisdiccionales tengan la facultad para analizar si hay una notoria desproporción en el cobo de intereses que supere las tasas de interés que pactan las instituciones de crédito y se inhiba la condición usuraria de los pactos entre particulares, y que el juez de la causa de una demanda de reclamo del pago de intereses pactados tenga atribución para reducir ex oficio la tasa de interés pactada.


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