A contrapié

Para salvar el pellejo

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gregorio Pérez Mata, a nadie convenció con su argumento de que el cierre de los juzgados civiles y familiares en los municipios de Matamoros, Francisco I. Madero y Allende es resultado de una “reingeniería para hacer eficientes los recursos”. Y sobre todo, que niegue que ello se debe a los 90 millones de pesos que perdió por haberlos invertido de manera irresponsable en el Ficrea.

Pérez Mata definitivamente no puede desligar el cierre de esas instancias de justicia en tres municipios del Estado del caso de los 90 millones.

El funcionario, que increíblemente permanece en el puesto, mientras la Auditoría Superior del Estado busca  culpables por el caso de los 90 millones, se mostró en todo momento inflexible ante las demandas de abogados, ciudadanos, empleados y cámaras de comercio, principalmente, para que dieran marcha atrás a la decisión, que sin embargo, aprobó el pasado 20 de abril el Consejo de la Judicatura. Y a pesar de que le presentaron varias opciones para evitar el cierre, los juzgados cerraron el 15 de mayo.

Se especula que pasando las elecciones la ASE, dará un informe de sus indagaciones y se espera que realmente se finquen responsabilidades.

En definitiva habrá un retroceso en la impartición de justicia, pues baste señalar que los juzgados de Matamoros atendían a los habitantes de ese municipio así como del de Viesca con un manejo de alrededor de mil 500 expedientes por año.Gente de muy escasos recursos económicos de comunidades ejidales alejadísimas de Viesca tenían que acudir a los juzgados en Matamoros por 150 pesos de pensión alimenticia; ahora tendrán que ir hasta Torreón.

Solo en el transporte se les irá ese dinero. Y los de Madero tendrán ahora que trasladarse hasta San Pedro.

Y todo por el desorden financiero que sufre el Tribunal Superior de Justicia.Para “el señor magistrado” Gregorio Pérez el cierre de los juzgados es producto de la “modernización de la justicia” que emprendió, y argumenta que no hay presupuesto para pagar salarios. En realidad se trata de medidas desesperadas para salvar el pellejo. El auditor superior Armando Plata tiene la última palabra. 


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