A contrapié

La inseguridad y la palabra empeñada

La desarticulación de dos bandas de secuestradores en los últimos días muestra que los gobiernos estatal y municipal algo están haciendo bien en materia de delincuencia.La apertura de un cuartel del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) sin duda vendrá a incidir en un combate más efectivo a las bandas delictivas que operan en la ciudad y en el ámbito regional. Destaca la reciente detención de diez secuestradores que reconocieron pertenecer a un cártel delictivo.El problema con los GATEs es que invariablemente incurren en violaciones a los derechos humanos y hay muestras de ello en toda la entidad, incluido Torreón.Además, la batalla contra la delincuencia está muy lejos de ser ganada. Por ello también llama la atención que el gobernador Rubén Moreira Valdez haya declarado ayer en Saltillo, en el marco de una reunión con el alcalde Isidro López, que su gobierno se encarga de que el narcotráfico no regrese a ninguno de los municipios de la entidad. Porque inmediatamente surge la pregunta obligada: ¿de veras ya se fue el narcotráfico?El mandatario mantiene empeñada su palabra de inicios de su gestión en el sentido de que de la seguridad él se encargaría. Y todavía queda mucho a deber, si bien se debe reconocer que hay esfuerzos por disminuir los índices delictivos.Este panorama nos catapulta –como diría el desaparecido cronista de Torreón y articulista Horacio Gutiérrez Crespo- a la polémica Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, cuyos primeros alrededor de 80 casos están por resolverse en los juzgados civiles. Actualmente pasan por el período de presentación de pruebas para acreditar la desaparición forzada. El sector empresarial exige del gobierno que le entre con aportaciones a través de un fideicomiso o institución, lo cual cada vez se ve más difícil, lo que ha originado inconformidades formales.Y es que el Artículo 14 de dicha polémica ley señala en su inciso I, que en el caso de las personas que hayan sido declaradas como ausentes por desaparición forzada y tenían sus labores en el territorio se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se sean localizadas. Los empresarios que, en estos casos están obligados a pagar un salario a los familiares de los desaparecidos, se quejan de que no hay corresponsabilidad por parte del gobierno estatal, que debe garantizar la seguridad a los ciudadanos. Y el secretario de Gobierno, Armando Luna, muy a su estilo, simplemente los instó a que se quejen y hagan lo que tengan que hacer. 


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