A contrapié

Tendencia a la baja

Si bien hay una tendencia a la baja en el índice de criminalidad en Torreón, las estadísticas todavía nos ubican muy por encima de la media nacional, de tal manera que no es mucho sino muchísimo lo que la autoridad municipal tiene que realizar en materia de seguridad pública.Sin embargo, se debe reconocer que se han dado grandes pasos en este tema en las dos últimas administraciones. De hecho la anterior, la presidida por Eduardo Olmos Castro, tuvo que venir desde muy atrás para recuperar, literalmente a sangre y fuego, el terreno perdido, el terreno que cedió a la delincuencia organizada el gobierno panista que encabezó José Angel Pérez Hernández. Apenas hace seis años Pérez Hernández y su gobierno emanado del PAN terminaban su cuatrienio y heredaban una Policía Preventiva infiltrada por el crimen organizado, una infiltración que llegaba al grado que los delincuentes utilizaban las patrullas para cometer todo tipo de crímenes.No fue poca cosa sanear la corporación. Pero el gobierno priista de Olmos Castro lo logró, amenazas y pérdida de vidas humanas de por medio. Hoy otro gobierno priista, el encabezado por Miguel Angel Riquelme, ahora bajo el esquema del mando único, con la suma de las corporaciones municipales, estatales y federales, incluido el Ejército Nacional, avanza hacia el abatimiento de los índices de criminalidad. Los números nos dicen que la tasa de homicidios ha disminuido en un 49 por ciento respecto al año anterior. Los robos también van a la baja. Es decir, se avanza.  Las familias salen de sus casas, acuden a los restaurantes, los jóvenes se divierten no solamente en las cocheras sino en los antros, lo que ya no hacían en años anteriores. Pero insistimos, los índices se mantienen elevados y se requiere hacer mucho más.Por eso son bienvenidas otras acciones como la iniciativa del Ejecutivo del Estado que presentó este lunes, a través de su secretario ejecutivo ante el Congreso Local encaminada a imponer sanciones a aquellas autoridades que contraten a aspirantes a policías o ex policías que reprobaron los exámenes de control y confianza.  


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