Articulista Invitado

NL, con o sin ley no garantiza la revocación

La aprobación del dictamen en Comisiones de la Ley de Participación Ciudadana ha caído en un debate donde se defiende con ahínco los intereses partidistas y poco se privilegia a los ciudadanos.

Pensar que se materialice la revocación de mandato para gobernador, alcaldes y legisladores locales por el simple hecho de contemplarlo en una ley local, es una pifia; los diputados que han avalado este dictamen, han dejado de lado los siguientes criterios:

1. El artículo 115 constitucional (CPEUM) contempla la facultad de los Congresos locales para que, mediante el voto de las 2/3 partes de los diputados que integran los mismos, puedan revocar el mandato para integrantes de ayuntamientos siguiendo el proceso, únicamente este supuesto es el que se considera, quedando fuera del marco constitucional federal la revocación de mandato para Presidente de la República, gobernador o diputados.

2. La Constitución de Nuevo León no genera facultades de revocación de mandato para gobernador o diputados locales, salvo el correlativo del supuesto antes citado; por lo que, la propuesta de Ley de Participación Ciudadana en dicho tema carece de sustento constitucional, y por lo tanto, genera que se promuevan controversias constitucionales en contra de dicha disposición, aun y defendiendo la soberanía de los estados, puesto que la SCJN ya ha emitido criterios constitucionales en la violación de derechos en esta materia.

3. El artículo primero transitorio del dictamen destaca que no entrará en vigor lo correspondiente a la revocación de mandato, hasta en tanto se aprueben las reformas constitucionales en la entidad. De esta manera sería más loable tener una legislación aplicable y no una propuesta de buenas intenciones, pero de nula efectividad.

4. Los requisitos que contempla la propuesta para hacer efectivo el mecanismo de revocación de mandato, es inalcanzable, pensando que se requiere una participación ciudadana del 40% de la lista nominal, cuya participación hemos visto, no se tiene ni en el proceso de elección.

5. Se restringe el tiempo a solicitar la revocación de mandato, únicamente a la mitad del mandato constitucional de los funcionarios.

De esta forma, de nada sirve para los ciudadanos una ley que es letra muerta y que sólo es un mecanismo electoral para los actuales legisladores locales.