Articulista invitado

La tesis de EPN y la respuesta de la Panamericana, las tareas que vienen

Se establece como delito de plagio usar o reproducir de forma dolosa una obra protegida con ánimo de lucro sin autorización correspondiente o publicarla cambiando el nombre del autor; ninguno de estos extremos se presentaron.

Gran parte de los comentarios críticos en las redes sociales y en los medios acerca de la tesis de licenciatura de Enrique Peña Nieto se dieron en el ámbito de lo emotivo; sus autores enfatizaron que sintieron decepción. Otros se manifestaron en el ámbito del deseo, esto es, argumentaron lo que quisieran que hubiera sucedido.

Después de la virulencia inicial de una ola iniciada por una comentarista con profunda y bien conocida animadversión política hacia EPN (seguida intensamente en redes sociales, sin despliegue considerable en los medios tradicionales) parece oportuno reflexionar en el hecho y en algunas de sus posibles consecuencias.

La Universidad Panamericana decidió encomendar a su Facultad de Derecho una investigación. Se actuó aceptando la legitimidad de un trabajo periodístico, escuchando con respeto las reacciones de reclamo. La UP no se mostró indiferente, sorda o evasiva, por una presunta conducta específica del Presidente. Con argumentos puramente legales, la UP —alegando deficiencias de procedimiento— pudo señalar, y no lo hizo, que se necesitaba una denuncia formal, o que los autores agraviados debían quejarse con los instrumentos que las leyes permiten y el imputado defenderse de igual manera.

Lejos de ello, la Facultad de Derecho nombró a un grupo de juristas para que analizara el asunto. De sus conclusiones se deduce que decidieron hacerlo a fondo, sin cálculos políticos y sin rehuir consecuencias o efectos por el posible "plagio" de la tesis de licenciatura de un Presidente de la República.

No es infrecuente que los juicios en México, por deficiencias del sistema judicial, puedan hacerse al revés. Muchas veces, al recibir una denuncia con inevitables implicaciones políticas y anticipando un fallo adverso, se declara improcedente la queja misma. De ese modo puede soslayarse el fondo y éste queda colgado —por razones del procedimiento— en algún limbo de incerteza.

El análisis del grupo de juristas implicó señalar una serie de conductas incorrectas de quien ahora es el Presidente de la República. Este hecho es singular y muy llamativo en un país con un fuerte sistema presidencialista.

Cuando escuchamos la palabra plagio pensamos en la copia de una obra ajena; sin embargo, ni la Ley Federal de Derechos de Autor ni el Código Penal Federal contemplan el plagio en relación con los derechos de autor. En el último cuerpo normativo, se establece como delito de plagio usar o reproducir una obra protegida de forma dolosa, con ánimo de lucro y sin la autorización correspondiente o publicar una obra sustituyendo el nombre del autor. Ninguno de estos extremos se presentaron.

Sin ahondar en la semántica o el significado popular del plagio como el acto de copiar o citar indebidamente un texto, el término estuvo relacionado con el secuestro. Como ha sucedido con otras palabras, su significado varió. Hoy, por ejemplo, entendemos la piratería como la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, aunque técnicamente comete piratería quien asalta una nave para apropiarse de los bienes que transporta.

Fue correcto que el grupo jurídico de la UP no calificara de "plagio" las cuatro conductas que se describen en el comunicado de conclusiones. Tampoco se acudió a señalar posibles deficiencias en la práctica académica y editorial de hace 25 años en este tipo de textos, ni a cualquier circunstancia que atenuara la responsabilidad. Los hechos fueron expuestos tal y como se detectaron.

Es ilícito publicar una obra sustituyendo el nombre del autor. Esta conducta está calificada como delito por el Código Penal Federal. Como señaló el propio reportaje, esta conducta no se configuró. Es también delito reproducir libros protegidos por el derecho de autor sin autorización. La norma indica que este delito se configura cuando la reproducción se hace con fines de especulación comercial. La obtención de un título académico no supone especulación, al no ser la tesis una obra puesta a la venta.

Adicionalmente, al transcurrir 25 años desde la presentación de la tesis no existe conducta que pueda ser perseguida penalmente en 2016. Ello, con independencia de que una querella penal hubiera tenido que hacerse ante una instancia administrativa subordinada del interesado, como es el Ministerio Público.

La UP consultó a la UNAM al considerar que es posible mejorar la sistematización de las normas de titulación y expedición de títulos ante un marco de regulación que puede considerarse confuso. Las leyes educativas son, en general, muy parcas al respecto y las reglas correspondientes están contenidas en una normatividad inferior difícil incluso de reunir. La SEP y la UNAM tienen mucho que mejorar en la sistematización de tales normas.

El comunicado establece que en 1991, la UP se encontraba incorporada a la UNAM. Lo estuvo desde 1970 hasta 1994, cuando Peña Nieto estudió y presentó su examen profesional. Los estudios fueron cursados en la UP y el título, que incluso ha sido publicado, lo otorgó la UNAM. Si la UNAM emitió el título y en un extremo quisiera retirarlo tendría que emprender un acto de autoridad, necesariamente sujeto a alguna legislación procesal administrativa. La UP —sujeto regulado en materia de titulación en 1991— no podría actuar como superior jerárquico de la entidad reguladora ni actuar como su juez ante una autoridad que, adicionalmente, no podría revocar sus propios actos sin mediar juicio formal alguno.

Si todos debemos someternos al imperio de la ley, no sería dable actuar al margen de ella, incluso para sancionar asuntos donde las normas actuales parecen insuficientes. Cualquier compromiso ético comprende el respeto a la ley. Sería inadmisible e inmoral pretender saciar reclamos éticos actuando de manera ilegal.

Otro caso conocido ocurrió en El Colegio de México. A diferencia de la UP, el Colmex cuenta con autonomía y una normatividad propia. Esto le concede márgenes más amplios de actuación con base en sus reglas, aun si éstas pudieran contravenir normas y recursos legales de carácter general que forman parte del orden jurídico nacional.

El reglamento de la UP prevé sanciones para quienes cometan conductas de plagio. Pero el reglamento de la UP no aplica a los ex alumnos, como se informó en un comunicado. El reglamento de cualquier institución educativa es para los profesores y alumnos en activo, (sería absurdo seguir sometidos al reglamento de la escuela primaria a la que acudimos, o al reglamento de un club deportivo en el que estuvimos inscritos un mes).

Sancionar a una persona sin desahogar un procedimiento sustentado en normas habría dado a la persona señalada la oportunidad de demandar en juicio. Y habría ganado, seguramente pudiendo obtener el pago de una indemnización. Además del menoscabo patrimonial, esto habría dejado en ridículo al promotor de tal acción judicial sancionadora.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que además de una sanción o de la restitución de un derecho hay otras formas de reparación del daño. El reconocimiento de la verdad es una de ellas.

La UP ha hecho algo digno de reconocimiento. ¿Debe analizarse la mejoría de instrumentos normativos que impidan con mayor claridad que este tipo de hechos ocurran? Sin duda, ojalá la UP se aplique a fondo a hacerlo hasta lograr que no haya resquicios de interpretación en los medios de titulación vigentes.

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*Profesor e investigador universitario