De paso

Nuestra profunda crisis institucional

El inicio de este año nos sorprendió con una noticia infame: el asesinato, horas después de asumir el cargo, de la joven alcaldesa de Temixco (Morelos). Fue ejecutada por un conjunto de sicarios en el interior de su domicilio (acontecimiento inédito), ante la mirada atónita de sus familiares. El hecho envía un mensaje claro que trasciende al municipio mencionado: golpea la entraña más recóndita del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque no es un caso aislado. Pudo haber sucedido en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, etcétera. Desde fines de 2006, más de 70 alcaldes y ex alcaldes han sido asesinados. El homicidio de esa representante popular refleja la debilidad institucional mexicana: los organismos que tienen que ver con la seguridad, con las que imparten justicia e incluso con miembros de la clase política que suelen coludirse con la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque el narco ha infiltrado parte del Estado.

No solo es el estado de Morelos el agredido. Es la Federación toda. Han pasado nueve años desde que las fuerzas armadas salieron a la calle para combatir la delincuencia ante la ineptitud de las policías locales. Su presencia ha evitado un mayor número de bajas (como se dice en el lenguaje castrense), pero hay que reconocer que su esfuerzo ha sido insuficiente para controlar la violencia que se ha apoderado del país. La crisis institucional que el país atraviesa hace del Estado un ente vulnerable. Se puede insistir que "México se mueve" pero no en el ámbito de fortalecer las instituciones que se encuentran en un profundo marasmo.

La fuga de El Chapo Guzmán puede agregarse al argumento de la fragilidad institucional. Puede argumentarse que ha sido recapturado. Es motivo de celebración sin duda, pero ahora queda la duda si podrá ser retenido tras las rejas. La corrupción generalizada debilita a la institución carcelaria. Aunque imperfecta, nuestra democracia no puede continuar bajo la égida de la ineficiencia, la corrupción y la opacidad. Hay que redefinir la institucionalidad; no hacerlo pone en riesgo el rumbo del país. Empezar a hacerlo ya porque no será la tarea de un sexenio, sino de una generación en la que tendrán que participar tanto gobernantes como gobernados. Se requiere de un liderazgo fuerte y de objetivos compartidos que impulsen los objetivos para construir una infraestructura institucional que desemboque en un Estado fuerte y plural.

Pese a que ha habido logros (capturas de capos) en el combate a la delincuencia organizada, la incidencia delictiva durante esta administración presidencial ha tenido un "incremento significativo" (E. Guerrero, Nexos, enero 2016, p. 40). La violencia sigue permeando la cotidianeidad del país, sin que haya un mecanismo institucional que la acote. Seguimos inmersos en la inseguridad.

Este año será crucial por el hecho de que tendrán lugar 13 elecciones locales. Que se lleven a cabo provoca muchas lecturas. Pero una de ellas es nodal: no solo es un paso hacia 2018, sino que será una prueba empírica, por la vía de la expresión del voto, si refrendamos nuestro débil entramado democrático o se retrocede dejando los procesos electorales en medio de la amenaza y la violencia. Siete candidatos fueron asesinados en las elecciones de junio pasado. Estamos en medio de una profunda crisis institucional, pese a la recaptura de Guzmán Loera, que no permite más posposiciones para desarticularla. De ello, dependerá el futuro de nuestro país.

jreyna@colmex.mx