De paso

Que se investigue

Nadie quiere un país sumido en el caos. Sería perjudicial para todos. Se quiere un país en el que se respete la ley: tan simple como eso. “Que se investigue” tendría que ser la consigna del Estado y exigencia de la sociedad.

La coyuntura mexicana actual es una de las más complejas al considerar las últimas décadas. Una explicación: el Estado pasó de tener instituciones fuertes a frágiles. La justicia, además, es un bien extremadamente escaso que sirve para alimentar la corrupción y la impunidad. La demanda por la impartición de justicia supera significativamente la infraestructura institucional de la que se dispone para instrumentarla. Un jefe del Ejecutivo hablando de desestabilización política, término que no se utilizó por décadas en México, es una singular llamada de atención. ¿Qué viene? Es más, el término usualmente no era parte del vocabulario político mexicano. Ahí están como prueba los 13 sexenios que, desde 1934, ninguno fue políticamente desestabilizado, aunque no se niegan las distintas crisis que todos enfrentaron. La que se padece hoy fue detonada por la colusión entre la autoridad constituida y la delincuencia organizada: esa colusión explica la debilidad institucional.

Se desprende de lo anterior que el tumor que se incubó en esa asociación tiene que ser extirpado. Iguala no es un caso aislado. El Estado mexicano, para recobrar algo de su fortaleza, tiene que investigar cualquier lugar en el que haya indicios de la existencia de ese tumor maligno. Salvador Camarena escribió un artículo que lo dice todo: “Morelos, impedir otro Iguala” (El Financiero, 5/XI/14). No sorprende saber el vínculo entre políticos morelenses y delincuentes. En el mismo sentido, Héctor de Mauleón escribió un artículo contundente: “Los Otros Abarca”, de la operación delincuencial en uno de los municipios más peligrosos de Morelos: Jiutepec (El Universal, 3/XI/14).

MILENIO Diario (4/XI/14), por su parte, señaló que en Morelos hay siete diputados locales presuntamente vinculados con el crimen. Morelos tiene un Congreso local integrado por 30 legisladores. Alarma lo anterior, pues significa que casi una cuarta parte de ese organismo pudiera ser cómplice de la delincuencia organizada: la “colombianización” (años 80) de Morelos. De acuerdo con la información ofrecida por el diario, uno de los diputados (PT), ex presidente del municipio morelense de Amacuzac,  tiene parentesco con un integrante de Los Rojos, la organización delincuencial que se disputa esa zona morelense con los llamados Guerreros Unidos, organización presuntamente culpable de la desaparición de los estudiantes normalistas.

Juan Pablo Becerra-Acosta (MILENIO Diario, 17/XI/14), con base en algunos trabajos de inteligencia, señaló que 12 alcaldes de Guerrero están bajo la “lupa antinarco”. Ocho de ellos pertenecen al PRD, mientras que los otros cuatro son del PRI. El reportaje de Becerra-Acosta no pasó inadvertido porque al día siguiente de su publicación, los munícipes priistas y perredistas negaron tener vínculos con el crimen. Incluso, como estribillo, declararon “que nos investiguen”. Eso es exactamente lo que tiene que hacer la autoridad competente: investigarlos, incluido al ex gobernador de Guerrero: tiene muchas cosas que aclarar y goza de libertad total. Es necesario empezar a investigar de manera sistemática con el fin de saber qué tan extendido se encuentra el tumor, qué tan maligno es y hasta qué punto puede extirparse sin generar un caos social y político cuyo costo, en todos los casos, será menor al que hoy se vive.

Nadie quiere un país sumido en el caos. Sería perjudicial para todos. Se quiere un país en el que se respete a la ley: tan simple como eso. Que se investigue tendría que ser la consigna del Estado y exigencia de la sociedad. No hacerlo implicaría que este país siga el paso del franco deterioro. Que se investigue todo, incluidas las empresas presuntamente coludidas con el gobierno federal. Por ahí está el origen de la desestabilización.

Que se investigue a los señalados por los diversos reportajes citados en este artículo. Que se investigue no solo en el ámbito local y municipal, sino también en la esfera federal. En medio de la crítica coyuntura que vive el país, junto con la escasa credibilidad que rodea a la clase política, tiene que construirse el camino que llegue a transparentar toda política pública y cualquier acto de gobierno. Como dice el propio Peña Nieto: “Tope donde tope”. Y de eso no está excluido nadie, incluido al propio Presidente y su entorno familiar. Es una tarea urgente para empezar a levantar este país disminuido, como consecuencia de ese tumor maligno de la autoridad corrupta y el eficaz desempeño de la delincuencia. Que se investigue. Algo de transparencia empezaría a oxigenar el ambiente.

jreyna@colmex.mx