De paso

La frágil seguridad nacional

Las autoridades vinculadas con la seguridad nacional tienen que dar resultados en el corto plazo. De lo contrario, la viabilidad del país está en riesgo y la sociedad seguirá en las manos de la delincuencia.

El primer relevo de alto nivel que tiene lugar en el gabinete presidencial actual ocurre en el área de la seguridad nacional: el espacio más sensible de la administración gubernamental. El señor Monte Alejandro Rubido García es, desde el martes pasado, el nuevo encargado de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Enorme reto, ya que en la medida que no se resuelva el problema de la inseguridad nacional por el que atraviesa nuestra nación, la viabilidad misma del país estaría en entredicho, la economía seguiría pasmada, las inversiones no llegarían como se espera y la sociedad seguirá viviendo en un marco de zozobra.

El nuevo comisionado asume el cargo en un momento en el que algunos delitos de alto impacto se han disparado: el secuestro y la extorsión, que lastiman la entraña profunda de la sociedad. Un paso previo a esta designación fue el nombramiento, hace unas semanas, de un coordinador nacional Antisecuestros, que por cierto recayó en un funcionario solvente: Renato Sales. En comparación con el sexenio pasado, los dos delitos antes mencionados experimentaron, durante los últimos meses, un incremento significativo en diversas zonas del país.

Pueden ofrecerse algunas explicaciones al respecto: una de ellas es que la delincuencia organizada se ha diversificado ante el cierre de algunos de sus espacios relacionados con el narcotráfico. Otra es que la economía del país no ofrece las oportunidades de trabajo a su población. Con base en algunos estudios, puede afirmarse que el segmento  poblacional comprendido entre los 18 y los 30 años de edad es el que padece una tasa de desempleo superior a la de otros grupos de edad.  Una más: las bandas criminales y las autoridades policiacas están íntimamente entrelazadas. En la medida que no se haga una cirugía mayor en esta colusión, el país seguirá inmerso en un ambiente poco propicio para lograr niveles superiores de desarrollo económico, bienestar social y seguridad nacional.

Michoacán es, sin duda,  uno de los objetivos prioritarios de la CNS. Hay que reconocer que se han dado pasos importantes para recuperar algo de la gobernabilidad en esa entidad federativa; sin embargo, la tarea pendiente es de gran magnitud. Las ejecuciones persisten, un alcalde fue recientemente acribillado. Falta mucho por hacer, en particular los esfuerzos encaminados a fortalecer a las instituciones: hay que depurarlas.

Sin embargo, Michoacán es uno de tantos focos rojos que se distribuyen a lo largo y ancho del país. Ante la debilidad de la autoridad, diversos grupos sociales en otras tantas zonas quieren asumir la función que le corresponde solo al Estado: compartir el monopolio de la violencia legítima. La fragilidad de las instituciones es uno de los factores que contribuye enormemente para justificar que algunas comunidades de vecinos organicen sus propios cuerpos de vigilancia, se cohesionen para lanzar la alarma en caso de que su integridad se vea amenazada. Uno de los mejores ejemplos que puede darse en este aspecto lo encontramos en el Estado de México. Los vecinos de Naucalpan protestaron en silencio y de manera pacífica hace unos días ante el clima de inseguridad que los rodea. Los habitantes de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli son otros ejemplos en que la inseguridad se traduce en un aumento preocupante de los homicidios dolosos a manos de las bandas criminales. La intranquilidad es una constante cotidiana.

No es fortuito que a unas horas de haber asumido su cargo el señor Rubido García haya declarado que el “Estado de México amerita la colaboración federal” (MILENIO Diario, 26/III/14). Su afirmación muestra que las estructuras policiales y judiciales de ese estado no están funcionando de la manera más adecuada para resolver los graves problemas que ocasionan la recurrencia de delitos que tienen lugar en esa entidad federativa.

Como el Edomex se encuentra Morelos. La delincuencia, la organizada y la desorganizada, ha tomado como rehén a la sociedad morelense. Baste repetir que este estado ocupa el primer lugar de secuestros por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Preocupa, además, que el secuestro se haya democratizado: ahora las víctimas pertenecen a cualquier clase social, acomodada o no. Un indicador de que la inseguridad tiende a generalizarse.

Las autoridades vinculadas con la seguridad nacional tienen que dar resultados en el corto plazo. De lo contrario, la viabilidad del país está en riesgo y la sociedad seguirá en las manos de la delincuencia. De ser así, el futuro del país estaría en entredicho.

jreyna@colmex.mx