De paso

Detenidos, prófugos, presos, indiciados, sospechosos y….

Una parte de nuestra clase política está señalada por actos indebidos. Sin distinción de partido. La mayoría disfruta de esa maravillosa impunidad que el sistema brinda. Sus fechorías suelen ser solapadas. La autoridad, por su parte, se desentiende; mira hacia otro lado. Por el momento, esperando que la cifra crezca, hay cinco ex gobernadores priistas y dos panistas presos y/o detenidos. Otros son prófugos, indiciados y sospechosos. Los ilícitos, sin embargo, no son exclusivos de los mandatarios locales. Recorren toda la estructura política: desde muy arriba hasta muy abajo.

Baste mencionar la reciente detención de un ex líder priista de Nuevo León (Bailey Elizondo, delegado de la SCT) acusado por ejercicio indebido de funciones y desvíos de recursos públicos. Poco duró su arresto: se fugó, en bata hospitalaria, para no ser encarcelado. Después, muy orondo, se presentó con un amparo (esa generosa herramienta jurídica que alimenta la impunidad) para decir que no era un prófugo de la justicia; y se fue, tan campante. Qué decir del líder de la CTM en Nuevo León señalado por tener un patrimonio compuesto, entre otras cosas, de 29 propiedades a nombre de su propia inmobiliaria (El Norte, 6/II/17). De acuerdo con este diario, la fortuna se explica por el cobro de derecho de piso a comerciantes y, más recientemente, se le han imputado presuntos nexos con la delincuencia organizada. El cetemista lo desmiente y, por ahora, sigue disfrutando su “bien habida” zona de confort.

Hay que agregar la sospecha que recae sobre Emilio Lozoya, ex director general de Pemex (2012-2016). Supuestamente, durante su gestión, recibió 5 millones de dólares de la empresa Oderbretch a cambio de favorecerla con contratos millonarios, de acuerdo con documentos oficiales del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil (revista Veja). Él lo niega. Hasta ahora se trata de un indicio, sin prueba que lo sustente. Sin embargo, la sospecha crece cuando la PGR se ha reservado el nombre de los funcionarios involucrados en esa supuesta transacción. Se infiere, por tanto, que algo existe.

El presidente del PRI no escapa de este mapa de irregularidades. Cuando era director de la CFE autorizó el préstamo de un avión al sindicato que encabeza Víctor Fuentes. Un viaje a Acapulco, no justificado en un día inhábil. De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, el daño patrimonial fue de más de 81 mil pesos, lo que incluye el arrendamiento de la aeronave, el combustible, los servicios aeroportuarios y los honorarios de la tripulación. (A. Torres, El Financiero, 3/V/17).

El dirigente priista que se “escandaliza” vehementemente por cualquier acto de corrupción omite los propios. Un desplante de incongruencia y un abono a la escasa credibilidad de su dirigencia. México en descomposición. Hemos pasado, empero, a otro nivel: al menos hay políticos presos, otros que son perseguidos por la justicia, algunos más que son investigados y otros que caen dentro del terreno de la sospecha. Un gran obstáculo, sin embargo, para superar la adversidad que nos rodea. Una clase política que deshonra.

jreyna@colmex.mx