De paso

El déficit del estado de derecho

En medio de la crisis de legitimidad en la que se encuentra sumido el país se invoca con vehemencia la consolidación del estado de derecho. Sin duda, en el país hay leyes; el problema es que se incumplen. El Estado mexicano gradualmente ha dejado de cumplir funciones básicas que lo divorcian de la ciudadanía. El problema de la inseguridad no se resuelve, pese a los múltiples esfuerzos que se hacen para combatirla. La corrupción y la impunidad no tienen freno. Ambas se retroalimentan y, cada día, se conoce un nuevo caso relacionado con esa impúdica simbiosis. Gobernar sin legitimidad es el camino más corto para la desestabilización política. Ese es el reto que enfrenta la administración presidencial actual.

El sistema presidencialista mexicano actual tiene, institucionalmente hablando, una Presidencia débil. Los últimos meses atestiguan, y explican, que esa debilidad está asociada con la falta de credibilidad del régimen, con los síntomas de legitimidad decreciente en el ejercicio de poder y, como consecuencia de lo anterior, la política se ha “salido” de las instituciones para tomar la calle: bloqueos, protestas, vandalismo, violencia sin que haya la autoridad mínima para contrarrestar los efectos negativos que esos fenómenos producen. A lo anterior habría que agregar el impacto que ha tenido la revelación de un presumible conflicto de intereses entre la familia presidencial, un miembro del gabinete con un empresario inmobiliario.

El politólogo argentino Guillermo O’Donnell (1936-2011)  señaló que uno de los flancos débiles más sobresalientes en la democracia Latinoamericana es el déficit en el estado de derecho (Nexos, febrero 2005, pp. 19-35). Su argumento central es que la ley es la base fundamental de “toda democracia de buena calidad”. Puede inferirse de lo anterior que México está lejos de tener una democracia que merezca ese calificativo; es necesario, por tanto, construir un estado de derecho “genuinamente democrático” para consolidar el régimen político del país.

El estado de derecho tiene que tener un sólido Poder Judicial independiente. Es su condición necesaria y suficiente. En un régimen democrático, su función es “asegurar los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de accountability (rendición de cuentas) con el fin de preservar la igualdad política de todos los ciudadanos y fijar los límites de los abusos del poder estatal y privado” (O’Donnell). Sin un estado de derecho sólido la sociedad está amenazada: se corre el riesgo autoritario que atente contra la equidad ciudadana.

En México se ha llegado a un preocupante distanciamiento entre la ciudadanía y el Estado. Éste ha sido insensible a las demandas ciudadanas pero, sobre todo, ineficaz en la impartición de justicia. Ésta es aplicada de manera muy desigual, lo que provoca la irritación social, como la observada en estos días aciagos. Sirva de ejemplo la investigación que se ha hecho sobre el caso de los normalistas guerrerenses desaparecidos. Probablemente sea una de las pesquisas más profundas que se hayan hecho por el sistema judicial mexicano. En contraste, nada se ha investigado sobre la llamada casa blanca, ni de la propiedad en Malinalco del secretario de Hacienda. ¿Por qué el conflicto de intereses no es abordado con el mismo ímpetu? Dos graves problemas tratados desigualmente, sobre todo porque el conflicto de intereses es el punto que más abona a la crisis de credibilidad que se vive.

Una de las dimensiones que sobresalen en el trabajo de O’Donnell es el de la “rendición de cuentas”. Este aspecto es tal vez el que mejor explica la disminuida legitimidad del régimen político mexicano y explica, a la vez, la mermada credibilidad de la clase política. En un régimen autoritario se pueden tomar decisiones sin limitación legal alguna. En un sistema democrático, aunque en vías de construcción como el nuestro, ni el más poderoso puede estar por encima de la ley. El aparato judicial del Estado tiene que contar con las herramientas que aseguren “prevenir, compensar o castigar omisiones presumiblemente ilegales de funcionarios públicos” (p.23). De otra forma, la sociedad puede condenar aunque la ley sea omisa.

Peña Nieto, como jefe del Estado mexicano, podría empezar a revertir su deteriorada imagen si tomara en serio la rendición de cuentas para que sus gobernados evalúen las decisiones que haya tomado. Negarse a este ejercicio democrático y de derecho es cerrar la puerta no solo a una administración presidencial, sino a la nación toda.

 

jreyna@colmex.mx