De paso

La debacle de Padrés

Padrés allanó el camino para que la ley caiga sobre los responsables del peor desastre ambiental minero de que se tenga registro. El derrame de ácido sulfúrico en los cauces de dos ríos sonorenses es consecuencia de una negligencia de mucho tiempo atrás.

Al gobernador panista Guillermo Padrés se le acabó su fortuna política. Ganó la gubernatura de Sonora, en 2009, como consecuencia de una tragedia: el incendio y muerte de 49 niños y niñas en una guardería de Hermosillo. Su victoria no fue por su arrastre popular, sino el castigo que le propinó la ciudadanía a su cuestionable antecesor (Eduardo Bours). Es el primer gobernador panista que gobierna esa rica entidad y, desde ahora, puede pronosticarse que por la tragedia ambiental que vive ese estado será el último de ese partido en hacerlo por un buen tiempo.

Sonora no puede entenderse sin su próspera agricultura y ganadería. Tampoco sin sus vastos yacimientos mineros que son explotados por particulares desde el siglo XIX. Recuérdese que uno de los antecedentes de la Revolución mexicana fue el conflicto minero que tuvo lugar en el pueblo de Cananea en 1906. La plantilla de trabajadores era de 7 mil 600 mineros; alrededor de 5 mil 500 eran mexicanos que se atrevieron a protestar por las diferencias laborales que había entre ellos y los trabajadores estadunidenses. La mina era propiedad de la Cananea Consolidated Copper Company. La protesta acabó en represión.

Es difícil entender por qué la actividad minera en México disfruta de tantos privilegios, además de ser la fuente de enormes fortunas para unos cuantos concesionarios. Ya se ha mencionado que uno de los empresarios más importantes del Grupo México (Larrea) es uno de los hombres más ricos del país, con una fortuna que rebasa los 15 mil millones de dólares. Y es difícil de entender que un Estado como el mexicano, tan celoso de proteger sus recursos naturales, mire hacia otro lado cuando la actividad minera es un grave problema ambiental, fiscal y social.

Padrés allanó el camino para que el peso de la ley caiga sobre los responsables del peor desastre ambiental minero de que se tenga registro en la historia del país. El derrame de ácido sulfúrico en los cauces de dos ríos sonorenses es consecuencia de una negligencia que data de mucho tiempo atrás. Hay registros que señalan el problema desde hace más de 40 años. Y no solo a los ríos sonorenses, sino que se extiende hacia Estados Unidos por el cauce del Río San Pedro. Un estudio del Instituto de Ingeniería de Baja California, publicado en 2007, encontró que la presencia de cobre, fierro, manganeso, plomo y zinc se debe a la actividad minera de Cananea (El Imparcial. com, 2/IX/14).

El desastre puede tener una repercusión internacional pues “el Departamento de Estado del país vecino ha presionado, desde los años 90, a la minera Buenavista del Cobre a reducir los niveles de contaminación del afluente” (Río San Pedro). De nueva cuenta, es difícil de entender las prerrogativas de las compañías mineras (el Grupo México y otras, como es el caso de empresas canadienses) para evadir la ley, no proteger adecuadamente a sus trabajadores (como en Cananea en 1906) y seguir generando ganancias que quedan en unas cuantas manos sin la correspondiente retribución fiscal a las que tendrían que estar sometidas.

Padrés ha actuado no como un representante popular, sino como un cacique. La negligencia del Grupo México transparentó que Padrés navega, además, en la impunidad. Declaró a varios funcionarios personales federales como indeseables en el estado que dice gobernar. Trató de encubrir, como si fuera su empleado, las actividades indebidas del Grupo México y, además, minimizó el problema ambiental que esa empresa minera ha provocado en suelo sonorense. Por lo mismo se supo que es propietario de una hacienda que es abastecida por una presa de aguas cuya propiedad es federal. Padrés es un caso indefendible. Es parte de la cultura de la corrupción (Peña dixit). En efecto, ese gobernador demuestra que ese flagelo es un ingrediente de la cultura de la clase política, independientemente del partido que se trate. Para protegerse, el “gobernador” ya rompió sus nexos con el Grupo México. Ni así se librará del problema.

Peña Nieto tiene el poder. Si quiere ejercerlo de manera legítima debe sancionar, con la ley en la mano, a un político que cree que todavía se encuentra en los tiempos del porfiriato y los terratenientes. Independientemente de que el gobierno federal ponga orden en la actividad minera y en el estado de Sonora, existe la posibilidad de que el Estado mexicano se fortalezca y se legitime. No hacerlo haría que Padrés escape de su debacle. Y que la retórica sobre los recursos natrales concesionados a las empresas mineras se mantenga para un puñado de afortunados.

jreyna@colmex.mx