De paso

Sin consecuencias

Si el Estado mexicano no intenta resolver estos asuntos pendientes, no podrá superar la crisis de incredulidad gubernamental y de legitimidad política que lo envuelve. Es inaceptable que (casi) todo ilícito ocurra sin consecuencias.

Sin ambages: el Estado mexicano sufre una crisis de credibilidad y de legitimidad. Se han acumulado, en los últimos meses, un sinfín de irregularidades y la administración gubernamental reacciona con pasmosa pasividad: haciendo nada. Un hecho (no aislado): la semana pasada la PGR detuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a un acusado de participar en el desvío de un crédito de 91 millones de dólares, denunciado en noviembre de 2014, en agravio de Banobras, institución financiera del Estado. La detención del personaje, sin embargo, no es el dato sobresaliente. Importa subrayar que su arresto (el 18 de julio pasado) tuvo lugar cuando llegaba de un vuelo comercial procedente de Washington. En otras palabras, al detenido le tenía sin cuidado haber cometido un delito y, en consecuencia, viajaba con entera libertad: ¿serán las reglas del sistema? Que bien por la detención. Que descuido para el arresto, ocho meses después de la denuncia hecha ante la instancia mayor de procuración de justicia del país.

La semana pasada se supo también que el todavía gobernador de Sonora (Padrés) es investigado por el gobierno estadunidense. Se tiene la presunción que lava dinero. Más de 3 millones de dólares están de por medio (Reforma, 27/VII/15). No es la primera vez que ese gobernador entra en la zona de la sospecha y la corrupción: recuérdese que negó haber construido una presa para irrigar sus tierras y la dinamitó “para no despertar sospechas”. Defendió al Grupo México que contaminó el Río Sonora, aparentemente ante la indiferencia de ese “gobernador” y en perjuicio de los pobladores. La gobernadora electa del PRI (Pavlovich), quien lo sucederá dentro de unas semanas, no puede “hacerse de la vista gorda” de asunto tan grave.

El saliente gobernador de Nuevo León (Medina) enfrenta acusaciones públicas de enriquecimiento ilícito y corrupción. Se presume que él y su familia han cometido una diversidad de desvíos que les beneficiaron. Un dato, entre otros: compró una casa cuyo valor supera la suma de sus ingresos como gobernador. El poder político adquirido vía las urnas, lo convirtió en un negocio familiar que luce, hasta ahora, muy próspero. Ahí tiene el gobernador independiente (El Bronco) uno de sus primeros retos para resolver sin dilación.

No puede pasarse por alto el Caso Moreira. Ex gobernador de Coahuila y conspicuo presidente del PRI durante la campaña de Peña Nieto. Un detenido por la justicia estadunidense permite sospechar que Moreira encabezaba una presunta red de lavado de recursos públicos. En una nota publicada por el San Antonio Express News, la “Conexión Coahuila” estaría integrada por el ex gobernador, funcionarios afines y sus familiares. Otro ex gobernador, de Tamaulipas, Eugenio Hernández, está acusado por un jurado federal en Texas por lavado de dinero. Junto con su cuñado, enfrentan cargos de “asociación ilícita para lavar instrumentos monetarios y ser cómplices de una empresa no autorizada para el envío de dinero”.

Que decir de OHL, al conocer nuevas grabaciones que revelan que su presidente en México se jacta por sus cuantiosas ganancias (Reforma, 29/VII/15) con dinero público. La procuración de justicia mexicana se proyecta omisa. Si el Estado mexicano no intenta resolver estos asuntos pendientes (podrían enumerarse muchos más), no podrá superar la crisis de incredulidad gubernamental y de legitimidad política que lo envuelve. Es inaceptable que (casi) todo ilícito ocurra sin consecuencias.

jreyna@colmex.mx