De paso

La cloaca está abierta

El escándalo de Oceanografía abre un nuevo foco infeccioso para el sistema político en su conjunto. Muestra que desde el poder todo es posible, excepto mejorar las condiciones socioeconómicas de la sociedad.

No hay semana en la que no se descubra, en este nuestro país, algo podrido. Y no hay sexenio que, hasta ahora, se haya encargado con firmeza de combatir ese mal putrefacto: la corrupción. Aunque se delinca, todo sigue igual. Es plausible sostener el argumento de que muchos actos de alta corrupción están asociados con el poder político: esa es una vertiente de nuestra historia nacional. El caso de Oceanografía, esa empresa casi extinta hace 14 años, resurgió de sus cenizas gracias a los favores concedidos desde la cima del poder: la Presidencia de la República. Una empresa al borde de su expiración resurgió, durante el panismo, como una estrella en el firmamento para hacer negocios millonarios, para generar ganancias a costas de ser una intermediaria entre intereses personales de algunos privilegiados y una empresa clave del Estado mexicano: Pemex. Puede decirse que esa empresa privada se enriqueció gracias al favor del poder político. Esa es la desgracia que arrastra nuestro país, desde siempre.

La clase política mexicana suele servir a intereses personales, más que satisfacer el bienestar colectivo. Qué mejor prueba podría ofrecerse que, pese a nuestra potencialidad como nación, sigue creciendo el número de pobres en todas sus clasificaciones. En este país un político pobre, después de “cumplir” el encargo encomendado, sale como un político rico. Ingresar a la clase política equivale a entrar a un cofre de tesoros que se distribuyen de acuerdo con el puesto que se ocupe; pero todos obtienen algo, hasta reintegro.

La explicación de la brutal desigualdad de este país se encuentra, entre otros factores, en la voracidad de dinero que profesan aquellos relacionados con las funciones públicas: desde el agente de tránsito esquinero hasta aquellos encumbrados en la cúpula de poder. No hay distingos: el objetivo es enriquecerse, independientemente de los medios de los que disponen. Pocos concentran mucho; muchos tienen casi nada.

En México, contadas las excepciones, casi todos los políticos tienen un buen patrimonio. Casi ninguno es un político pobre, después de haber “cumplido” el cargo. Tal vez algunos ediles de Oaxaca o de Chiapas serían la excepción. Sigue vigente el gran legado priista de un ilustre político apellidado Hank González. Pasa el tiempo, y el principio no se deteriora. Que mejor ejemplo que el suyo: de vendedor de charamuscas a magnate transportista y de magnate empresarial a ser uno de los políticos más ricos de este país. Como dirían los gringos: un self-made man; su fortuna es producto de “su esfuerzo personal”.

Este es el contexto mexicano. Esta ha sido la trayectoria desde siempre. En los años 20, el presidente Álvaro Obregón (1920-1924) espetó una frase que tiene que estar esculpida en oro en las agendas políticas de todos aquellos que están dentro del sistema: “No hay quien aguante un cañonazo de 50 mil pesos”. En esta frase, síntesis del quehacer político mexicano se encuentra la explicación de cómo se hace política en México pero, a la vez, explica por qué este país no ha podido despegar hacia niveles superiores de desarrollo: sus cimientos están corroídos. México ha tenido un obstáculo para su desarrollo: la insaciable voracidad de su clase política. No tiene límites y en gran medida se explica por la impunidad que es un ingrediente fundamental  que lubrica la funcionalidad del sistema político y de la clase que lo conforma.

El escándalo de Oceanografía abre un nuevo foco infeccioso para el sistema político en su conjunto. Muestra que desde el poder todo es posible, excepto mejorar las condiciones socioeconómicas de la sociedad. Muestra que es posible satisfacer la avidez de dinero que un grupúsculo parasitario del poder, con la condición de que esté emparentado con el mismo. Miles de millones de pesos. La PGR está en proceso de investigar a una empresa que tenía todo menos la honestidad. Tendrá que investigar también a sus padrinos políticos. En Estados Unidos también se investiga el caso. Sin embargo, vale la pena subrayar que si el gobierno de Enrique Peña Nieto abrió una cloaca tan maloliente, es deseable que aparezcan los culpables (que los hay), sin distingos de partidos. Que se aplique la ley, como dijo el secretario de Gobernación hace unos días. Ir hasta las últimas consecuencias. La credibilidad de esta administración presidencial y del aparato de justicia depende mucho de lo que se haga en torno de esa cloaca llamada Oceanografía.

jreyna@colmex.mx