De paso

Reforma energética desafinada

El Estado no tiene la fuerza suficiente para deshacerse de inercias que son un obstáculo para el progreso, como es el sindicato petrolero. La reforma y el PRI crecerán cuando superen este atavismo.

No es la intención de estas líneas polemizar sobre el discurso parlamentario, si acaso lo hubo, empleado en la reforma energética. Tampoco es la intención discutir si habrá beneficios o no para la sociedad mexicana con la instrumentación de las futuras medidas: si bajarán o no los precios de los energéticos o que las concesiones que se otorgarán al capital privado serán benéficas o no para el país. Lo que si vale la pena destacar es que Pemex dejará, de acuerdo con las nuevas disposiciones legislativas, de ser una institución paraestatal para transitar a una empresa que compita en el mercado. Que Pemex se convierta en una empresa moderna, en toda la extensión de la palabra: competitiva, con objetos de productividad bien definidos, transparente en el manejo de sus recursos y que sus logros se traduzcan en beneficios para un segmento amplio de la población y, sobre todo, para el país.

El desarrollo económico sostenido de todo país excluye al monopolio como un mecanismo que lo impulse. No hay país del primer mundo cuya base originaria y actual sea monopólica. La competencia es la mejor promotora para catapultar un país. La competencia es más saludable para el mercado, para el desarrollo y para el usuario. No se restringe a una alternativa que puede hacer y deshacer a su antojo. Esto, para los mexicanos, es algo ajeno. México es un país cuyo destino ha dependido, de manera significativa, de los monopolios: públicos o privados. Una explicación para su mal desempeño económico, sobre todo, en las últimas tres décadas.

Nuestra historia económica podría hacerse con base en las empresas monopólicas, muchas de ellas dependientes del Estado. Qué decir de nuestra historia política que tuvo un monopolio partidista (PRI) que inhibió el crecimiento de la ciudadanía, que cercenó en muchos sentidos la efectiva participación política y nos dejó en manos de un puñado de políticos, quienes tomaban (y toman) las decisiones en nombre de todos.

Un país que no cambia está destinado al declive. En consecuencia, todo país tiene que buscar los instrumentos que modifiquen el orden de las cosas existentes para mantenerse a la altura de los retos de la productividad y la competencia que imperan en el mundo global. México, con el arribo al poder de Enrique Peña Nieto, encontró una coyuntura para impulsar diversas reformas (Pacto por México), aunque  algunas de ellas, como la educativa, han quedado truncas. Sin embargo, dos de ellas parecen circular por la ruta trazada: la de telecomunicaciones y la energética.

En teoría, toda reforma que persiga un cambio tiene que ser congruente no solo con sus objetivos, sino con los medios de los que dispone para lograrlo. Suponiendo, sin conceder, que la reforma energética que se promueve en estos días cumple ese requisito, uno se encuentra que hay un ingrediente que no encaja en la instrumentación de esa medida: su sindicato y el enorme pasivo de la empresa explicable por sus dispendios (1.3 billones de pesos) y mala administración. El sindicato ha obtenido, con el tiempo, logros importantes para sus agremiados, ya que sus trabajadores son de los mejor pagados dentro de la clase trabajadora, disfrutan de beneficios de retiro que no tienen parangón con otros de su misma clase. A la vez, ha sido una mina de oro para sus dirigentes; no hay líder pobre. Un gremio desprestigiado, no por sus trabajadores, sino por sus dirigentes que han derrochado lo que no les corresponde. El cuerpo burocrático de Pemex disfruta, además, de privilegios faraónicos.

Es cierto que ese sindicato ya fue excluido del Consejo de Administración de Pemex. Sin embargo, a cambio obtuvo una prerrogativa: “No se deberá afectar en forma alguna los derechos de sus trabajadores en activo ni de sus jubilados”. Para ello los contribuyentes tendrán que asumir su deuda como si ellos fueran responsables de la misma. En otras palabras, para instrumentar una reforma energética moderna y hacer de Pemex un ente competitivo le toca al ciudadano pagar el despilfarro.

Puede afirmarse que el Estado (no el gobierno) no tiene fuerza suficiente para deshacerse de inercias que son un obstáculo para el progreso, como es el sindicato petrolero. La reforma y el PRI crecerán cuando superen este atavismo. Por el momento, el gremio petrolero y su dirigencia equivalen a un desaseo extremo (por decir lo menos) que no concuerda con la intención de volver a Pemex una empresa competitiva. México (y el PRI) quieren reformar al país sin despojarse de sus lacras históricas: un absurdo.

jreyna@colmex.mx