De paso

Michoacán es prioritario

La entidad puede servir como paradigma en otras, donde la falta de la fuerza del Estado empieza a tener reacciones semejantes. Guerrero y, ahora, el Estado de México.

Las reformas estructurales que logró el gobierno federal el año pasado dependen de cuánto se avance en el renglón de la seguridad pública nacional. Ese fue el mensaje que Enrique Peña Nieto recibió en Davos. Esa es la realidad que vivimos. Por ello no puede pasar inadvertido el despliegue gubernamental mostrado, cuando se anunció hace unos días el plan para rescatar a Michoacán del azote de la delincuencia organizada y, a la par, evidenciar la ineficacia estatal imperante en esa entidad federativa. Llama la atención la cuantía de recursos que se destinarán al rescate de ese estado: 45.5 mil millones de pesos, distribuidos en 250 acciones diversas. Michoacán es prioritario para que lo “oiga” el país y, sobre todo, para que lo sepan en el extranjero.

La estrategia propuesta por el jefe del Ejecutivo ha sido bien recibida, incluso por los principales líderes de los grupos de autodefensa. Sin embargo, una observación hecha por uno de ellos es fundamental: la  condición necesaria para rescatar esa flagelada entidad federativa es la limpieza a fondo de su estructura de poder; ésta se encuentra podrida. En la medida que no haya un aseo profundo de la misma, no se podrá restablecer el estado de derecho y, el presupuesto de cualquier acción que se emprenda puede ser fútil, ya que corre el riesgo de que no cumpla su cometido y tenga como destinatario el cofre de la propia delincuencia, ávida siempre de la ganancia sin escrúpulos.

Diversas notas periodísticas muestran que hay una colusión estrecha entre las autoridades michoacanas y el crimen organizado. Hemos visto como el Palacio de Justicia de Morelia ha sido el escenario para grabar clips musicales de la hija de uno de los cabecillas señalados como líder de Los caballeros templarios. Hemos escuchado varias veces que han señalado al ex gobernador interino como una pieza de la maquinaria de esa organización delincuencial. Se ha sabido que algunos presidentes municipales michoacanos  pagan derecho de piso para poder gobernar en sus propias comunidades. Hay referencias de las fortunas que tienen que pagar aquellos que poseen una empresa para poder mantenerla en operación (agricultores, ganaderos, tortilleros, etcétera). Michoacán está en las garras de la mafia. La crisis es profunda: un grupo delincuencial organizado ha sustituido al estado local ante su inexplicable impasividad.

El Estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno, descuidó a Michoacán desde hace tiempo y su sociedad tuvo que levantarse en armas para defender sus derechos, violados con toda impunidad ante la debilidad institucional de la autoridad. Un acto en defensa propia que, con el tiempo, adquiere más legitimidad aunque no necesariamente pueda inscribirse dentro en la legalidad. Hasta este punto se ha llegado como consecuencia de la incapacidad estatal para dar seguridad a su población.

En este espacio se argumentó, hace dos semanas, que el orden de los factores si altera el producto: hay que empezar por la desarticulación de la delincuencia. La estrategia anunciada la semana pasada por el gobierno de la República depende, para hacerse efectiva, de limpiar las estructuras del gobierno estatal: aprehender y, en lo posible, desmantelar las impresionantes organizaciones que ha articulado la delincuencia organizada con el poder político. No hacerlo implicaría poner a las guardias comunitarias a merced del hampa cuando éstas son, para bien o para mal, las que han impedido el avance de la delincuencia y compensado, en gran medida la ineficiencia del Estado.

No es plausible empezar desplegando acciones cuyo propósito es contribuir a sacar a Michoacán de la crisis en la que se encuentra sin antes limpiar la infiltración de la delincuencia en las estructuras de poder. Hay que hacer una asepsia completa de ese andamiaje que fue construido con gran esmero: el dinero y la impunidad han sido dos de sus ingredientes esenciales.

Michoacán es prioritario porque puede servir como paradigma en otras entidades, donde la falta de la fuerza del Estado empieza a tener reacciones semejantes. Guerrero es otro ejemplo y ahora el Estado de México, específicamente en una zona colindante con el Distrito Federal que es Nezahualcóyotl (Punto de Partida de Televisa), sufre la extorsión y el derecho de piso: una plaga que se ha extendido a nivel nacional. Del control de la delincuencia organizada dependerá la viabilidad de las reformas estructurales y también el crecimiento económico del país. Por eso  Michoacán es prioritario para emprender un cambio nacional profundo.

jreyna@colmex.mx