De paso

Gasolina barata, sin reforma energética

No es necesario aprobar una reforma energética porque hay un medio alternativo para que el precio de los combustibles se reduzca sin negociación legislativa: la delincuencia organizada.

En efecto, sin reforma energética la delincuencia organizada ha reducido los precios de las gasolinas. Al menos en Tamaulipas. El negocio, sin embargo, puede generalizarse. La investigación del periodista Víctor Hugo Michel (MILENIO Diario, 16 y 17/VI/14) muestra que el precio del combustible es de 5 pesos el litro en esa entidad, menos de la mitad del precio oficial. En sus palabras: “Robar a Pemex en Tamaulipas ha resultado tan sencillo como rentable”. La pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué la autoridad, ante hecho tan evidente, no ha actuado? La misma investigación señala que en cinco años solo se han aprehendido a 19 personas por el mencionado ilícito. La única hipótesis plausible al respecto es que la delincuencia organizada cuenta con algún tipo de protección, ya sea política o de los propios funcionarios y/o trabajadores de la mayor empresa paraestatal del país.

El problema, pese a que la evidencia lo circunscribe a una sola entidad federativa, es de una magnitud enorme. Es un negocio que genera 3 mil 500 millones de pesos al año, casi 300 millones al mes, alrededor de 10 millones de pesos diarios. Una sangría para Pemex. Es una actividad bien organizada, pues la investigación de Michel afirma que en 2013 había 539 tomas clandestinas desde donde se surten las “gasolineras populares” para vender el energético barato. Para tener una idea de cómo ha crecido este negocio, en 2008 se tenía registro de 17 tomas clandestinas, lo que indica que en un lapso de cinco años la ordeña del combustible en esa entidad federativa se incrementó en mil 600 por ciento. ¿Nadie se dio cuenta?

En la investigación referida, Michel (que no la autoridad competente) puede señalar cómo se roba (se extrae) el combustible. El primer paso es la perforación del ducto (que tiene su origen en Texas). Una vez perforado se instala una válvula que se conecta a una manguera. Ésta se extiende hacia un depósito y, desde ahí, es vendida a los compradores. Algunas de esas mangueras incluso tienen el nombre del propietario: “CdeG”, que indicaría cártel del Golfo. Tamaulipas, también zona de los llamados zetas están dentro de ese redituable negocio que indica la facilidad con que la delincuencia organizada se diversifica, sin que haya repercusión jurídica o penal contra ellos: la autoridad volteando hacia otro lado.

Resulta todavía más alarmante que por la vía de la extorsión o la amenaza, de acuerdo con empresarios gasolineros, las organizaciones criminales han reemplazado a Pemex en la distribución de las gasolinas. Las estaciones son surtidas con el producto robado, que es vendido al precio oficial. La diferencia entre la compra y la venta, que es entre 7.75 y 8.45 pesos por litro, queda en manos de la delincuencia y tal vez una pequeña parte para el gasolinero que se convierte en una especie de empleado o, sin querer, cómplice.

La Secretaría de Gobernación ha afirmado que las autoridades federales “investigan de manera permanente el mercado negro de gasolina en Tamaulipas y aseguró que hay detenidos” (Alma Wong, MILENIO Diario, 17/VI/14). El titular de esa dependencia admitió que no es una situación nueva y que se han logrado detenciones en Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Estos es, en estados donde la actividad de Pemex es importante en cuanto a extracción o refinación de gasolinas. Ahora bien, si esa situación no es nueva, cómo explicar que el negocio se mantenga sin consecuencia alguna de por medio, sobre todo para los delincuentes.

La investigación de Víctor Hugo Michel es una llamada de atención ante un problema que tiene que ser resuelto de inmediato, por la sencilla razón que el país está en vísperas de la discusión de las leyes secundarias de una reforma energética. Ésta supone la apertura de Pemex al capital privado. Es sabida la existencia de vastas redes de corrupción en el sindicato de la empresa. La investigación referida añade un ingrediente más que implica la pérdida, para la empresa, de miles de millones de pesos. Por ahora no se conoce, de acuerdo con las informaciones disponibles, ninguna investigación que enfrente el problema: la autoridad es virtual, no es real.

El Estado mexicano no puede quedar como un simple observador ante un problema de la magnitud que la investigación de Víctor Hugo Michel ha revelado. No hacerlo es seguir fomentando la impunidad y la corrupción, como siempre. El problema es tan grave que no puede pasar inadvertido. Por ahora hay una conclusión: no es necesario aprobar una reforma energética porque hay un medio alternativo para que el precio de los combustibles se reduzca sin negociación legislativa: la delincuencia organizada.

jreyna@colmex.mx